El pleno aprueba la renovación de la flota de la COA con 10 nuevos autobuses sostenibles

La Asamblea de Melilla ha aprobado en el pleno celebrado este miércoles 8 de abril el arrendamiento financiero (leasing) de 10 nuevos vehículos destinados al servicio de transporte público urbano de la Cooperativa Omnibús de Autobuses (COA). Se trata de 6 autobuses de 12 metros, dos de 10 y un microbús, entre otros.

También se ha aprobado una propuesta de modificación de la encomienda de gestión, así como de un encargo a medio propio personificado entre la Ciudad Autónoma y Residuos Melilla Sociedad Anónima (Remesa) para la gestión de residuos y demás actividades relacionadas con el medio ambiente en el ámbito territorial de la ciudad.

Ambas propuestas han sido presentadas por la comisión permanente de Medio Ambiente y Naturaleza.

En primer lugar, el portavoz del Grupo Socialista, Rafael Robles, defendió la necesidad de apostar por vehículos más sostenibles para el servicio de transporte público. Sin embargo, también subrayó la necesidad de que el servicio de la COA tenga un buen funcionamiento.

En este sentido, Robles alegó que la ciudadanía demanda más conexiones entre barrios, una mayor frecuencia de autobuses y, sobre todo, poder saber el horario de estos vehículos.

"Melilla necesita una red de transporte público más cercana, mejor conectada y más útil en el día a día. Usar el transporte público no solo debe ser posible, sino también cómodo, fiable y económico".

Por ello, habló de la necesidad de contar con un modelo mucho más "ambicioso". Por este motivo, recalcó la importancia de contar con vehículos de menor tamaño, más "manejables" y que puedan abarcar más zonas, permitiendo así un aumento en las frecuencias de paso.

"Un servicio más ágil, cercano y eficiente".

No obstante, lamentó como la mayoría de los vehículos arrendados por la Ciudad tienen un gran tamaño. Algo que para el portavoz socialista, hará que el servicio siga presentando las mismas carencias de siempre. Por este motivo, ha sugerido la necesidad de aplicar el modelo de otras ciudades españolas. Un modelo que tal y como afirmó, está dando buenos resultados.

En definitiva, el Grupo Socialista ha ensalzado el avance en sostenibilidad, pero considera que el planteamiento actual no responde a "las necesidades reales" de Melilla.

A continuación, el diputado del Grupo Mixto y líder de Somos Melilla, Amin Azmani, manifestó la necesidad de contar con un servicio más funcional para la ciudadanía, destacando la necesidad de contar con marquesinas con información en tiempo real o de más conexiones a barrios, poniendo el ejemplo del cerro de Palma Santa.

Azmani ha cuestionado algunos de los puntos del contrato de leasing, como la adquisición de un turismo de alta gama por 60.000 euros para una función de control de la flota de autobuses.

Además, ha denunciado una "falta de transparencia" en la gestión de este contrato, preguntando por el paradero del informe elaborado por la COA sobre las necesidades reales del transporte urbano. Un informe que según dijo, debería haber sido redactado por la Ciudad, en lugar de delegarlo a la cooperativa.

"Este contrato adolece de más funcionalidad, vehículos más operativos y de la necesidad de ampliar las conexiones. Si de verdad queremos una ciudad sostenible, no sólo hay que apostar por una flota nueva, sino que necesitamos un transporte más justo y más conectado. Hay que construir un sistema de transporte que funcione, que la gente confíe en él".

El consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, ha defendido el contrato, alegando que este responde a las demandas ciudadanas, recogidas en una encuesta realizada por los informadores medioambientales, donde se pide una renovación de la flota de autobuses de la COA.

Por otro lado, Ventura ha hecho un paréntesis para anunciar que ya se han adjudicado los contratos de la App móvil de la COA y de las marquesinas con pantallas informativas a tiempo real para que el usuario conozca el momento de llegada del transporte.

Ventura aprovechó para cuestionar la actitud de la oposición, asegurando que en la comisión permanente secundaron todos los puntos. "Entiendo que los critican ahora porque tienen cámaras delante", dijo.

El contrato recoge la adquisición de 10 vehículos, por un valor máximo de más de 4 millones de euros, los cuales se abonarán a través de un leasing. Entre los vehículos se encuentran dos autobuses eléctricos de 10 metros y 6 autobuses híbridos enchufables de 12 metros y un microbús eléctrico.

La flota actual de la COA consta de 17 vehículos, de los cuales dos de ellos son eléctricos, adquiridos en la presente legislatura, como recordó Ventura.

Respecto a la propuesta del PSOE de contar con vehículos de menor tamaño , el consejero se acogió al estudio elaborado por la COA, donde aparece reflejado como algunas líneas con recorridos más largos y con más viajeros precisan de autobuses más grandes, como el caso de los vehículos de 12 metros adquiridos.

Por lo pronto, el consejero aseguró que este nuevo contrato será muy productivo para los ciudadanos de cara a los próximos años.

"Es un buen contrato, una buena propuesta que va a mejorar muchísimo el servicio urbano de la ciudad. Todos sabemos que hay muchas deficiencias, pero todo eso se va a mejorar".

Finalmente, este punto ha sido aprobado por mayoría absoluta con los 16 votos favorables del Partido Popular, Coalición por Melilla y Vox y 4 abstenciones del Partido Socialista y Somos Melilla.

Modificaciones en Remesa

Respecto al siguiente punto, relativo a la propuesta de modificaciones del encargo a medio propio personificado y en la encomienda de gestión entre la Ciudad y Remesa para la gestión de residuos, este ha implicado, entre otras cuestiones, el nombramiento de una nueva estructura directiva y técnica en esta empresa pública y la posibilidad de ampliar las actividades, incluyendo trabajos de consultoría o asistencia técnica para la propia Administración.

El diputado del Grupo Coalición por Melilla, Emilio Guerra, recordó como esta empresa pública viene acumulando un déficit de alrededor de 1,2 millones de euros, el cual dijo, debe reorganizarse.

Desde este grupo han destacado como Remesa presta un servicio esencial en nuestra ciudad que ningún operador privado puede asumir. Por todo ello, han dado su apoyo a las modificaciones presentadas.

Por su parte, Amin Azmani ha subrayado como el déficit económico de Remesa tiene mucho que ver con la gestión de dicha empresa pública. De hecho, ha denunciado el "caos monumental" presente en las instalaciones, recordando que incluso Envismesa ha tenido que ceder terreno público para ampliar dichas instalaciones.

"Venimos a poner paños calientes para intentar solventar algo que ya venía de antes y que sabíamos perfectamente que iba a derivar en esta situación".

El diputado instó a actuar con mayor ambición y acometer una modificación integral de la gestión de residuos en la ciudad.

Por último, el consejero de Medio Ambiente ha recordado que la propuesta de modificación debía entenderse como una medida necesaria para adaptar el servicio público de gestión de residuos a una realidad que ha cambiado de forma significativa en los últimos años.

En concreto, habló de circunstancias sobrevenidas de carácter excepcional, como la entrada en vigor de nuevas exigencias normativas en materia de residuos, el aumento y la diversificación de los flujos gestionados, así como la ampliación de las funciones que deben asumir las instalaciones existentes, incluyendo el CATVFU, el Punto Limpio y las plantas de transferencia.

A ello, ha sumado la necesidad de reforzar la estructura técnica, operativa y organizativa del medio propio. Una estructura que, según dijo, presenta carencias en personal clave y dificultades para garantizar una cobertura adecuada de los servicios en determinados turnos y áreas críticas.

Desde el punto de vista económico, Ventura manifestó que el expediente pone de manifiesto, con base en un análisis técnico riguroso, que el sistema tarifario vigente no permite cubrir de manera suficiente y estable el coste real del servicio.

"Esta insuficiencia se traduce en pérdidas acumuladas y en la imposibilidad de alcanzar el margen máximo del 4 % previsto para este tipo de entidades, lo que compromete tanto la viabilidad económica del encargo como la calidad y continuidad del servicio prestado".

Por ello, afirmó que la revisión de las tarifas no responde a una decisión discrecional, sino a la necesidad de garantizar el equilibrio económico-financiero del servicio, ajustando los ingresos a los costes efectivamente incurridos.

"La propuesta que se presenta articula, de forma coherente, tanto la modificación del encargo como la correspondiente adecuación presupuestaria para el periodo comprendido entre 2024 y 2027, manteniendo la vigencia del mismo hasta dicha fecha. Este planteamiento permite dotar de estabilidad al servicio en el medio plazo, al tiempo que introduce mecanismos de control y seguimiento anual que facilitarán evaluar la evolución de los costes, la suficiencia de las tarifas y el grado de ejecución presupuestaria".

En este sentido, anunció que se prevé un control continuo de indicadores clave, como la tarifa por tonelada tratada, el resultado económico del servicio o la cobertura efectiva de los puestos estructurales necesarios.

Igualmente, dijo que el expediente incorpora medidas orientadas a mejorar la organización interna y la eficiencia operativa, mediante el refuerzo progresivo de la plantilla, la incorporación de perfiles técnicos y directivos imprescindibles, y la racionalización del organigrama existente.

En este sentido, comunicó que estas medidas se aplicarán de forma gradual y condicionada a su impacto real, con el fin de compatibilizar la mejora del servicio con el cumplimiento de los límites en materia de masa salarial y tasa de reposición.

Asimismo, se contempla el recurso a la subcontratación especializada únicamente en aquellos supuestos en los que resulte imprescindible y siempre bajo criterios de control previo y justificación técnica.

En definitiva, el consejero aseguró que la modificación no supone una alteración arbitraria del modelo existente, sino una adaptación necesaria para garantizar la continuidad, la calidad y la sostenibilidad del servicio público de residuos.

"Se trata de asegurar que el medio propio disponga de los recursos económicos, técnicos y humanos adecuados para cumplir eficazmente con sus obligaciones, en un contexto cada vez más exigente desde el punto de vista normativo y operativo, y con la debida sujeción a los principios de eficiencia, estabilidad presupuestaria y buena gestión de los recursos públicos".

Este punto ha sido aprobado de forma unánime, con los votos favorables de todos los grupos de la Asamblea.