El plan estatal de salud mental incluye a Melilla, pero sin medidas específicas

El Ministerio de Sanidad ha aprobado el nuevo Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, un documento estratégico que marcará la hoja de ruta en este ámbito durante los próximos tres años en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. El plan incluye a Melilla dentro de su ámbito de aplicación, aunque lo hace sin incorporar un diagnóstico específico ni medidas concretas adaptadas a la realidad de la ciudad autónoma.

El documento, elaborado por el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y aprobado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, establece un marco general de actuación basado en ocho líneas estratégicas. Entre ellas se encuentran el refuerzo de los recursos humanos en salud mental, el impulso de un modelo comunitario, la optimización del tratamiento, la atención a colectivos vulnerables o la mejora de los sistemas de información.

Melilla aparece incluida de forma indirecta a través de Ingesa, organismo responsable de la gestión sanitaria en la ciudad y en Ceuta. Sin embargo, el plan no recoge ningún análisis diferenciado sobre la situación de la salud mental en Melilla ni contempla actuaciones específicas dirigidas a este territorio, pese a su singularidad administrativa y social.

El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 tiene como objetivo contribuir a la mejora de la salud mental de la población, reforzar la atención comunitaria y garantizar un enfoque basado en los derechos humanos. Para ello, plantea una serie de acciones que deberán ser desarrolladas de manera coordinada con las comunidades autónomas y con Ingesa, respetando el reparto competencial existente en el sistema sanitario.

Entre las líneas estratégicas del plan se incluye el refuerzo de los recursos humanos mediante la planificación de plazas de formación sanitaria especializada en psiquiatría, psicología clínica y enfermería de salud mental. También se apuesta por la evaluación de las necesidades de personal en todos los ámbitos asistenciales, una actuación que deberá ser llevada a cabo por las comunidades autónomas y por Ingesa, sin que se detallen plazos ni criterios específicos para Melilla.

El documento también promueve un modelo de salud mental comunitaria y alternativas a la institucionalización, con acciones orientadas a fortalecer los servicios de atención en el entorno cercano de las personas, mejorar la coordinación con Atención Primaria y otros servicios, y fomentar recursos comunitarios. No obstante, estas medidas se plantean de forma general y su aplicación concreta queda supeditada a desarrollos posteriores.

En materia de financiación, el Ministerio de Sanidad prevé una dotación global de 39 millones de euros para el año 2025, destinada a impulsar las acciones contempladas en el plan. La distribución de estos fondos entre las comunidades autónomas y Ingesa se decidirá posteriormente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sin que el documento especifique cantidades asignadas a Melilla ni criterios de reparto detallados.

El plan concede una especial relevancia a la atención de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, como personas en riesgo de exclusión social, población migrante, infancia y adolescencia o personas privadas de libertad. Sin embargo, no identifica de forma expresa cómo se abordarán estas situaciones en Melilla, donde la gestión sanitaria depende directamente del Estado.

Asimismo, el documento destaca la necesidad de mejorar los sistemas de información y la vigilancia epidemiológica en salud mental, con el objetivo de disponer de datos homogéneos y comparables a nivel estatal. Estas actuaciones podrían servir de base para futuros diagnósticos territoriales, aunque en el plan no se contemplan estudios específicos para la ciudad autónoma.

El Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 se presenta como una herramienta estratégica para avanzar hacia una atención más equitativa y basada en derechos. En el caso de Melilla, su inclusión queda limitada a un marco general, sin compromisos concretos que permitan evaluar de forma específica el impacto del plan en la ciudad durante el periodo de vigencia previsto.