La Ciudad Autónoma publicó el pasado 16 de enero en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) el anuncio por el que se somete a información pública el nuevo Reglamento de Ayudas Sociales, reformado recientemente y pendiente de aprobación por el Pleno de la Asamblea desde mediados de diciembre pasado.
Este paso administrativo marca el inicio de un periodo de treinta días hábiles en los que ciudadanos, entidades y organizaciones interesadas podrán consultar el texto completo y presentar alegaciones o sugerencias a través del Registro General, ya sea de forma presencial o electrónica, en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido.
La publicación en el boletín número 54 activa formalmente el proceso de exposición pública de este reglamento, elaborado por la Consejería de Bienestar Social, que busca actualizar y sistematizar el procedimiento de concesión de ayudas de emergencia y apoyo social a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Esta medida llega tras un largo periodo de revisión normativa y debate político, que incluyó la paralización de una modificación previa del reglamento en el plenario del pasado mes de diciembre. En aquel momento, la Asamblea de Melilla decidió aparcar el texto elaborado por la Consejería de Políticas Sociales para dejar espacio a una nueva tramitación administrativa ante la aparición de algunos defectos de forma.
Según el borrador actualmente en exposición pública, el nuevo reglamento establece los principios generales para la concesión de ayudas, definiendo su carácter subsidiario, temporal y excepcional, siempre con el objetivo de atender situaciones de urgente y grave necesidad social. Entre los aspectos más destacados se encuentra la creación de una Comisión Técnica de Valoración, formada por personal de los servicios sociales, que será la encargada de evaluar las solicitudes y emitir un informe vinculante antes de su aprobación definitiva por el órgano competente.
El documento también introduce novedades en materia de control y transparencia. Se regula con mayor precisión la obligación de justificar el destino de las ayudas concedidas, se fijan plazos concretos para la entrega de documentación y se contempla la posibilidad de requerir la devolución de las cuantías en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas. Asimismo, se establecen mecanismos para prevenir duplicidades, detectar posibles fraudes y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, en coherencia con los informes técnicos, sociales y económicos aportados durante la tramitación de cada solicitud.
Durante el periodo de exposición pública, se podrá acceder al texto íntegro del reglamento tanto a través de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma como en el Tablón de Anuncios de la Consejería de Bienestar Social. Cualquier persona física o jurídica interesada podrá remitir observaciones que, si son aceptadas, podrían incorporarse al documento definitivo antes de su aprobación en sesión plenaria de la Asamblea.
Esta fase forma parte del procedimiento administrativo habitual para la aprobación de normas con rango reglamentario y permite garantizar la participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas que afectan al ámbito de la acción social y la atención a colectivos vulnerables.
Cabe recordar que el debate sobre la regulación de las ayudas sociales ha sido objeto de atención mediática y controversia política en los últimos años. En enero de 2023, la Asamblea decidió no aprobar la modificación del reglamento planteada entonces, lo que generó críticas cruzadas entre los distintos grupos políticos. El actual Ejecutivo ha retomado el proceso con un nuevo planteamiento que, según fuentes de la Consejería, pretende ofrecer mayor seguridad jurídica, eficiencia administrativa y equidad en el reparto de las prestaciones sociales, atendiendo a criterios objetivos y técnicas de evaluación social más actualizadas.
Con la apertura de este trámite, se da un paso importante hacia la aprobación de un marco normativo renovado que actualice las bases del sistema de protección social en Melilla. El nuevo reglamento no solo busca agilizar los procedimientos y evitar arbitrariedades, sino también garantizar que el apoyo institucional se canalice de forma justa, ordenada y con criterios objetivos y verificables. Una vez finalizado el periodo de exposición pública y resueltas todas las alegaciones, el texto pasará de nuevo por el filtro del Pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor.
