Por su parte, El Barkani afirma que la resolución judicial es un “respaldo” a la actuación de la Guardia Civil.
El Ministerio del Interior expresó ayer su satisfacción por el “relevante” sobreseimiento de la imputación del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, por las órdenes dadas a los agentes ante los intentos de entrada de inmigrantes por la valla. Según informaron fuentes del departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, desde el respeto a las decisiones judiciales, el Ministerio manifiesta su satisfacción por el contenido del “muy relevante” auto de la Audiencia Provincial de Málaga, sección de Melilla.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Melilla celebró que la Audiencia de Málaga en Melilla haya dictaminado que no existe delito de prevaricación en la actuación de la Guardia Civil en su vigilancia y custodia de la frontera sur de Europa, lo que a su juicio constituye “un respaldo judicial” a esta misión.
En una nota de prensa, la Delegación del Gobierno considera que este fallo judicial “sirve para fortalecer el respaldo legal y gubernativo a las funciones que desempeña la Guardia Civil en la valla de Melilla”.
En este sentido, el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, insistió en que España tiene la obligación, en su doble condición de Estado soberano y miembro de la Unión Europea situado en la frontera exterior del espacio Schengen, de proteger, vigilar y salvaguardar sus límites fronterizos. Recordó que en el auto de la Audiencia Provincial se reconoce que “el Estado tiene el derecho y deber de controlar sus fronteras” y las vallas de Melilla y Ceuta no tienen otra “finalidad” que la de “constituir un obstáculo dirigido a impedir el paso clandestino de inmigrantes”.
El concepto de frontera
El Barkani también destacó que el auto considera igualmente que el “concepto operativo” que marca la actuación de la Guardia Civil en el vallado fronterizo “viene siendo utilizado por el Gobierno español prácticamente desde la misma construcción de la valla” en el año 1998. El Barkani se hizo eco asimismo del apartado en el que la Audiencia indica que el concepto operativo atiende a la necesidad de dar respuesta “a los asaltos masivos de la frontera”, en los que participan “numerosas personas no identificadas, en abierta oposición a las órdenes” de la Guardia Civil “y con empleo en ocasiones de violencia para vencer la fuerza policial”.
La reforma en la Ley de Seguridad Ciudadana
Otro de los puntos que El Barkani puso de relieve es el referido a la “seguridad de las fronteras exteriores del Estado” que el Gobierno intenta favorecer, de ahí que se siga “el criterio adoptado por la Dirección General de la Guardia Civil para las entradas masivas de inmigrantes por la valla fronteriza de Melilla”, en coincidencia con la política del Estado desde la construcción de la valla. Este proceder, como considera el dictamen judicial, es “acorde con la reforma legislativa que se está operando actualmente en esta materia” y que ha hecho posible la entrada en vigor, el 1 de abril, de la nueva disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que prevé las especiales circunstancias de la frontera sur que Europa tiene en Ceuta y Melilla. Esta disposición que, como recordó El Barkani, “otorga aún mayor respaldo y cobertura legal a la difícil labor de la Guardia Civil en las vallas de Melilla y Ceuta”. Para el delegado del Gobierno, el auto representa “un claro respaldo judicial a una actuación legal que busca promover una inmigración regular y ordenada en contraposición a la inmigración que actualmente alientan y gestionan las mafias que trafican espuriamente con seres humanos, poniendo en serio riesgo la vida de los propios inmigrantes”.
