El Ministerio de Juventud e Infancia ha publicado su Plan Estratégico de Subvenciones (PES) para el trienio 2024-2026, un documento que recoge las principales líneas de actuación y financiación pública destinadas a promover los derechos de la infancia, apoyar a la juventud y combatir fenómenos como la pobreza infantil o la exclusión social. Sin embargo, el texto, disponible en el Portal de Transparencia del Gobierno de España, no especifica las cantidades concretas que se destinarán a Melilla, ni detalla en qué programas participará la ciudad autónoma ni qué cuantías gestionará en cada caso.
Esta falta de claridad resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que varios de los programas recogidos en el PES están directamente relacionados con problemáticas que afectan de forma intensa a Melilla. El documento contempla 27 líneas de subvención gestionadas por la Secretaría de Estado de Juventud e Infancia, la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y el Instituto de la Juventud (INJUVE). Entre ellas, hay actuaciones dirigidas a combatir la pobreza infantil, promover el acogimiento familiar, atender a menores migrantes no acompañados o impulsar la capacitación digital de jóvenes en situación de vulnerabilidad.
En la línea número 10, destinada a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, el documento menciona expresamente a Ceuta y Melilla como territorios receptores de fondos. No obstante, se limita a indicar el importe total previsto para esa línea (35 millones de euros para el conjunto del Estado durante los tres años del plan) sin desglosar cuánto corresponderá a cada comunidad autónoma o ciudad.
Lo mismo ocurre con la línea 11, que impulsa programas innovadores para mejorar el sistema de protección de la infancia, promover el acogimiento familiar y combatir la violencia infantil. De nuevo, se contempla una inversión millonaria (45 millones de euros) sin que se especifique qué parte de esa financiación se destinará a Melilla ni en qué medida se espera que participe.
Otro ejemplo es el programa CODI, incluido en la línea 17, enfocado en la capacitación digital de niños, niñas y adolescentes vulnerables. Este proyecto, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tiene como objetivo formar a 950.000 menores en competencias digitales. Aunque es previsible que alcance a colectivos vulnerables de Melilla, el documento no incluye ningún dato específico sobre la participación local ni sobre la inversión concreta que se asignará en la ciudad.
Esta falta de información contrasta con la rigurosidad con la que el PES detalla otros aspectos del plan. El documento incluye los objetivos de cada línea de subvención, las entidades beneficiarias, los indicadores de seguimiento, las fuentes de financiación y hasta los costes estimados en algunos casos. Pero omite por completo la distribución territorial de los fondos, lo que genera una notable incertidumbre respecto al impacto real de las medidas en Melilla.
La ausencia de referencias claras a la ciudad autónoma no solo dificulta la planificación de las administraciones locales, sino que también limita la rendición de cuentas y la transparencia institucional en la gestión del gasto público. A pesar de que el PES aclara que su contenido tiene carácter programático y que la ejecución concreta de cada línea dependerá del crédito disponible en cada ejercicio, lo cierto es que no establece criterios ni mecanismos visibles para garantizar una distribución equitativa entre territorios.
Tampoco se hace referencia a ninguna entidad melillense entre los posibles beneficiarios directos de las ayudas. Buena parte de las subvenciones están destinadas a organizaciones de ámbito estatal, como Cruz Roja, Fundación ANAR, Plataforma de Infancia o CEAS Sáhara, o a organismos públicos como ayuntamientos a través de la FEMP, sin que figure ninguna línea nominativa o específica vinculada a Melilla.
En resumen, el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Juventud e Infancia omite cualquier concreción sobre las cantidades que Melilla recibirá entre 2024 y 2026, a pesar de contemplar programas que afectan de manera directa a la ciudad. Esta falta de transparencia plantea dudas sobre el compromiso del Gobierno con los territorios periféricos y con una distribución justa y clara de los recursos públicos.
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