El subsidio de desempleo para los transfronterizos en Ceuta y Melilla llegará esta próxima semana al Congreso de los Diputados, según han señalado desde la agencia EFE, que habla de la necesidad de convalidar el correspondiente Real Decreto, en el que se incluyen otras medidas de carácter laboral.
Entre ellas, la reforma del subsidio de desempleo para elevarlo de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes y hacerlo compatible con el trabajo durante los primeros 180 días.
La ayuda se extenderá a colectivos que hasta ahora no se beneficiaban, como los menores de 45 años sin cargas familiares, todos los trabajadores eventuales del sector agrario y, como ya informó El Faro hace unas semanas, las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla.
El decreto también modifica el Estatuto de los trabajadores para permitir a todos los trabajadores disfrutar de forma acumulada del permiso de lactancia, una posibilidad que ahora solo tenían aquellos cuyo convenio lo recogía, y para introducir la prevalencia del convenio autonómico, siempre que sus condiciones sean más favorables.
El Congreso de los Diputados también tratará el último paquete de medidas para combatir la inflación, donde se incluyen ayudas a la energía o el transporte, si bien se está planteando la posibilidad de que los reales decretos del Gobierno podrían quedar paralizados si JxCAT, el partido independentista de Puigdemont, mantiene su intención de rechazarlo.
El primer Pleno del año abordará el miércoles la convalidación de tres reales decretos ley de contenido económico aprobados por el Gobierno en el tramo final del año -paquete antiinflación, reforma del subsidio de desempleo y reformas pendientes para fondos europeos-, que ya están en vigor pero que decaerían si no logran el aval de la Cámara Baja.
Para lograr este aval sería necesario o bien revalidar la mayoría de la investidura -una opción complicada después de que JxCAT anunciara este viernes que rechazará los tres decretos al considerar que el de reformas pone en riesgo la amnistía- o bien lograr el apoyo del PP, una formación que descarta apoyar el de medidas si no se modifica y que no tiene aún fijada posición sobre los otros dos.
Octavo paquete de medidas contra la inflación
Uno de estos decretos recoge el octavo paquete de medidas para afrontar las consecuencias de las guerras en Ucrania y Oriente Próximo -cifradas en 5.350 millones de euros-, donde se incluye la gratuidad durante todo 2024 del Cercanías y los trenes de media distancia o la aportación estatal del 30 % de la tarifa de los billetes de transporte urbano e interurbano.
El decreto también recoge la progresiva normalización de los impuestos energéticos, con un IVA del gas que será del 10 % en el primer trimestre antes de volver al habitual 21 %, mientras que el de la electricidad se mantendrá en el 10 % todo el año. El impuesto especial de electricidad y el de generación eléctrica también recuperarán progresivamente sus tarifas habituales.
Además, se mantiene en cero el IVA para los alimentos básicos y en el 5 % el de pastas y aceites y se amplían durante un año el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas y los gravámenes temporales sobre la banca y las energéticas, aunque con deducciones por inversión en descarbonización.
El paquete de medidas incluye también la subida en un 3,8 % de las pensiones contributivas, la eliminación de las comisiones por retirada de efectivo en ventanilla para mayores de 65 años, el aumento del umbral para acceder a las medidas de alivio hipotecario o la extensión de la prohibición de los desahucios para hogares vulnerables.
Ley de función pública
Un tercer decreto retoma el contenido de la ley de función pública, que decayó con la convocatoria de elecciones, junto con otras medidas vinculadas al cuarto desembolso de los fondos europeos.
En materia de función pública, el texto incluye la evaluación de desempeño de los empleados públicos, introduce la carrera profesional horizontal, la regulación de la figura de los directivos públicos o la transformación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en una agencia.
Bien por el gobierno central progresista.