El vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín, ha reclamado al Gobierno de España que aclare la aplicación de la bonificación del 75% en las cuotas patronales de la Seguridad Social para las empresas de Ceuta y Melilla, después de que Pymes haya advertido de que los contratos anteriores a septiembre de 2023 podrían quedarse sin esta bonificación en 2027.
Marín ha cuestionado la situación generada en torno a esta medida y ha criticado que dentro del propio Gobierno se estén produciendo interpretaciones diferentes sobre su aplicación. A su juicio, esta situación genera incertidumbre entre empresarios y autónomos de ambas ciudades, que no tendrían claro cómo se aplicará la bonificación en los próximos años.
"El Gobierno enmendándose a sí mismo", ha señalado el vicepresidente, que ha calificado este episodio como "surrealista" o "esperpéntico". Según ha explicado, primero se anunció la ampliación de la bonificación del 50% al 75% y ahora, según la interpretación que se está planteando, esta ampliación podría aplicarse únicamente a determinados contratos.
Críticas a la situación generada
Marín ha comenzado su intervención señalando que el Gobierno de España atraviesa una situación en la que, según sus palabras, "se pelean unos ministros con otros" y "se culpan unos ministros con otros". Enmarcado en esta situación, considera que la cuestión de las bonificaciones constituye "otro episodio más".
El vicepresidente ha criticado que la ampliación de la bonificación fuera anunciada públicamente para las cuotas patronales de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla y que posteriormente hayan surgido dudas sobre el alcance de la medida.
En concreto, ha señalado que existe una interpretación según la cual la ampliación del 50% al 75% podría estar destinada a los contratos realizados a partir de 2023, mientras que los anteriores a ese año podrían quedar sin ningún tipo de bonificación.
"Por lo visto, parece ser que hay una interpretación en la que esa ampliación de la bonificación del 50 al 75% es para aquellos contratos posteriores o a partir del año 2023", ha explicado. A continuación, ha advertido de que, siguiendo esa interpretación, los contratos anteriores a 2023 "posiblemente se pudieran quedar sin ningún tipo de bonificación".
La incertidumbre sobre este punto es precisamente uno de los aspectos que Marín reclama que se despejen. El vicepresidente considera necesario que el Gobierno de España determine de forma clara qué contratos estarán incluidos en la bonificación y bajo qué condiciones.
El PP pide que alcance a todos los contratos
Marín ha explicado que la posición del Partido Popular pasa por que la bonificación se aplique a todos los contratos, sin establecer diferencias entre trabajadores indefinidos y temporales.
En este sentido, ha defendido que la medida debe llegar tanto a los contratos indefinidos como a los temporales. Según ha argumentado, los trabajadores temporales son, a su juicio, "los más débiles" y no deberían verse perjudicados por la aplicación de la medida.
El vicepresidente ha puesto el foco en las diferencias que, según ha indicado, podrían producirse entre trabajadores que desarrollan una misma actividad dentro de una empresa.
Ha señalado que puede darse la situación de que un trabajador temporal comparta trabajo con otro compañero que tenga un contrato indefinido, realizando ambos las mismas funciones, con las mismas horas de trabajo y las mismas responsabilidades, pero que uno de ellos perciba una cantidad menor en su nómina.
Para Marín, esta situación sería "totalmente injusta". Por ello, ha insistido en que la bonificación debe abarcar tanto a los trabajadores con contratos temporales como a aquellos con contratos indefinidos.
"Siempre hemos dicho que es injusto que los más débiles, que son los que tienen contratos temporales, se vean perjudicados por esta medida", ha manifestado.
Una bonificación del 75% para los contratos en vigor
Además de reclamar que se incluya a los trabajadores temporales, Marín ha defendido que el incremento de la bonificación del 50% al 75% se aplique a todos los contratos que se encuentren en vigor y también a los que se formalicen posteriormente.
El vicepresidente ha resumido la posición del Partido Popular en dos cuestiones. La primera es que la bonificación alcance tanto a los contratos temporales como a los indefinidos. La segunda, que el porcentaje del 75% se aplique a todos los contratos en vigor y a los que se realicen posteriormente.
"Para todos, sin distinción", ha subrayado.
Marín ha insistido en que esta es la postura que mantiene el Partido Popular y ha reclamado al Ejecutivo que adopte una posición clara sobre la aplicación de la medida en Ceuta y Melilla.
En su intervención, ha dirigido esta petición directamente al Gobierno de España, al que ha reclamado que aclare qué pretende hacer con las bonificaciones. "Pedimos al Gobierno de España que se dejen de líos internos de unos contra otros y que aclaren a todos los empresarios y autónomos en Ceuta y Melilla de una vez qué es lo que piensan hacer", ha afirmado.
Reclama seguridad jurídica para empresarios y autónomos
La falta de claridad sobre la aplicación de la bonificación también ha llevado a Marín a reclamar seguridad jurídica para las empresas y los trabajadores autónomos de Ceuta y Melilla.
El vicepresidente ha advertido de que la incertidumbre puede afectar incluso a las decisiones de contratación. Según ha explicado, un empresario o autónomo que tenga previsto contratar a una persona podría decidir paralizar esa contratación si no sabe con certeza si podrá beneficiarse de la bonificación, cuál será el porcentaje que se aplique o durante cuánto tiempo estará vigente.
"Exigimos que haya seguridad jurídica", ha repetido Marín durante su intervención.
En este sentido, ha señalado que actualmente cualquier empresario o autónomo que esté valorando incorporar a una persona puede encontrarse con dudas sobre tres cuestiones concretas: si el contrato estará bonificado, qué porcentaje de bonificación le corresponderá y hasta cuándo podrá beneficiarse de ella.
"Si tiene pensado contratar a alguien, pues parará esa contratación, porque no tiene claro si le van a bonificar, cuánto le van a bonificar, hasta cuándo le van a bonificar", ha afirmado.
Una petición de claridad sobre el futuro de la medida
La reclamación de Marín se centra, por tanto, en que el Gobierno de España concrete el alcance de la bonificación y evite diferencias en función de la fecha de contratación o del tipo de contrato.
El vicepresidente ha defendido que la ampliación del 50% al 75% debe aplicarse a todos los contratos en vigor y a los que se formalicen posteriormente, sin distinguir entre contratos temporales e indefinidos.
Para el Partido Popular, ha reiterado, la medida debe tener ese alcance y debe garantizarse una aplicación clara para que empresarios y autónomos de Ceuta y Melilla puedan conocer las condiciones de la bonificación.
Marín ha vuelto a reclamar al Ejecutivo que despeje las dudas generadas y ofrezca una respuesta concreta sobre la aplicación de la medida. Su petición se basa en que las empresas y los autónomos necesitan conocer con claridad qué contratos estarán bonificados, qué porcentaje se aplicará y durante cuánto tiempo.
El vicepresidente ha cerrado su intervención defendiendo la posición del Partido Popular: una bonificación del 75% para todos los contratos, tanto temporales como indefinidos, y tanto los que están actualmente en vigor como los que se formalicen posteriormente.
