El Gobierno local estudia tres ubicaciones para una segunda desaladora

El consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, ha informado de que el Ejecutivo melillense trabaja en la construcción de una segunda planta desaladora con capacidad para producir 30.000 metros cúbicos de agua al día, con un coste estimado de 40 millones de euros y un plazo de ejecución de entre tres y cuatro años.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de selección de ubicación, con tres emplazamientos posibles sobre la mesa: el puerto, las inmediaciones del Pantano de las Adelfas y Horcas Coloradas, opción que el Gobierno considera la más idónea y para la que solicitará próximamente autorización al Ministerio de Costas.

Ventura explicó que la ubicación preferida es la zona ganada al mar en Orcas Coloradas, donde se construyó el paseo marítimo y se depositan actualmente residuos de obra. "Sería un sitio ideal por cercanía a la que ya tenemos, y por la cercanía también al mar a la hora de recoger el agua", señaló el consejero.

Si la autorización de Costas resultara favorable, el proyecto se centraría en ese enclave. En caso contrario, el Gobierno continuaría evaluando las otras alternativas.

La necesidad de una segunda planta responde al envejecimiento de la instalación actual y al hecho de que se trata de una infraestructura estratégica y crítica para la ciudad de Melilla. Según Ventura, tres de sus líneas de producción acumulan ya 20 años de funcionamiento, cerca del límite de vida útil estimado en 25.

Disponer de una segunda desaladora permitiría acometer labores de mantenimiento y sustitución de elementos en la planta existente sin comprometer el suministro a la ciudad. El consejero subrayó que el objetivo es que Melilla cuente con agua suficiente y de calidad en un horizonte de uno a dos años, aunque reconoció que los plazos podrían extenderse algo más. "Los melillenses nos merecemos tener agua, tener agua de calidad, y en eso es en lo que tenemos que trabajar", afirmó.

Ventura aprovechó también para dirigir una crítica a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, a quien instó a no utilizar este proyecto en sus intervenciones públicas. El consejero rechazó las afirmaciones que, según él, atribuyeron al Ejecutivo local la intención de traer agua de Lanjarón, y reprochó a la representante de la Administración General del Estado su falta de implicación en los asuntos de la ciudad.