El Gobierno ha afirmado que “no consta” que la empresa pública Tragsatec haya hecho un Plan Estratégico antes del de Melilla. Literalmente, dice: “no consta que la empresa Tragsatec haya realizado encargo de algún Plan Estratégico Territorial para el Ministerio de Política Territorial previamente al referido para la asistencia técnica de apoyo en la elaboración de los Planes Estratégicos Integrales de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, realizado el 24 de noviembre de 2021”.
Se trata de la respuesta que el Ejecutivo de Sánchez ha dado a una pregunta parlamentaria presentada por el senador valenciano Carles Mulet, quien quería saber “los planes estratégicos territoriales que ha realizado con anterioridad al encargo del Plan Estratégico de Melilla la empresa Tragsatec”.
De este modo, tras relacionar el trabajo desarrollado por la citada Tragsatec en los últimos doce años (en total, doce estudios), el Gobierno asegura que “no consta” el encargo relacionado con la ciudad.
Carles Mulet había dejado de manifiesto en su pregunta que Tragsatec fue encargada por el Ministerio de Política Territorial de realizar la asistencia técnica de apoyo en la elaboración de los Planes Estratégicos Integrales de Melilla y Ceuta con fecha del 24 de noviembre pasado y por importe de 614.549 euros, con un plazo de ejecución de seis meses. Y recuerda, en ese sentido, que se trata de una sociedad estatal, adscrita al Ministerio de Agricultura, con consideración de medio propio, según el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público, lo cual permite que se eluda la licitación.
El senador valenciano se muestra crítico con esta adjudicación porque, según explica, la “alternativa del medio propio” para llevar adelante un contrato del Estado “debe estar rigurosamente motivada”, algo que, en su opinión, no ocurre en este caso.
Según explica en el texto de su pregunta, dos son los requisitos que se exigen para justificar este encargo: por un lado, que “sea una opción más eficiente que la contratación pública y que resulte sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica”; por el otro, que “resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico”.
A este respecto, Mulet recuerda que la Comisión Nacional de la Competencia entiende que, independientemente de los requisitos ya citados, también “debe evaluarse el daño a la competencia”. “Asimismo entiende que un análisis de la eficiencia exige una justificación rigurosa que incorpore un análisis de mercado para motivar la excepcionalidad que supone un sistema que elude la competencia”.
Llegado a este punto, el senador recuerda que en el sector del apoyo técnico a planes estratégicos existe “una significativa variedad de empresas consultoras de reconocido prestigio”, lo cual lleva a la conclusión de que “la utilización del medio propio debe cumplir con especial intensidad los requisitos”. Y dado “lo elevado del precio del contrato” (más de 614.500 euros) hace “que no se entienda cómo ha podido cumplirse el requisito de la eficiencia de menor precio y mejor calidad, especialmente en este sector de alta exigencia y competitividad”.
Tampoco cree Carles Mulet que se cumpla la exigencia de la urgencia. “No parece que se justifique la necesaria urgencia por cuanto la ciudad de Melilla lleva numerosas décadas postergada por los distintos gestores de la Administración Central. Prueba de ello son sus indicadores de producción económica, renta, paro y pobreza, entre otros”.
Ni siquiera se justificaría la urgencia, según Mulet, desde el punto de vista de gestión del expediente “porque comportaría una rapidez en la solicitud y en la ejecución del encargo”, que no se ha dado. De hecho, el anuncio del Plan Integral se llevó a cabo por el presidente Sánchez en mayo de 2020 a raíz de lo sucedido en Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes marroquíes (en su inmensa mayoría, menores) y Tragsatec no se contrató hasta noviembre de 2021. En cuanto a la rapidez “solo puede decirse que ya ha vencido el plazo de ejecución del encargo”.
Por último, el senador Mulet añade otro argumento más a favor de que el contrato hubiera salido a concurso público. “A nuestro juicio debería haberse valorado un elemento sustancial de este tipo de trabajo, como es la independencia”.
“Resulta evidente que un medio propio resulta más proclive a justificar soluciones y a hacer análisis e interpretaciones que sean acordes con el órgano que efectúa el encargo que las empresas consultoras independientes. Desde esta perspectiva tampoco parece adecuado acudir a medio propio en este caso, dado que en la materia objeto del encargo prima la objetividad como elemento imprescindible”, concluye.
