El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no aceptar la enmienda aprobada por el Senado, donde el Partido Popular ostenta mayoría absoluta, que solicitaba reservar un crédito de 1.200 millones de euros destinado a financiar la bonificación del 75% en el precio de los billetes aéreos para los residentes en territorios extrapeninsulares, como Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares.
Esta iniciativa del Senado fue impulsada tras las advertencias de las aerolíneas, que amenazaron con recortar rutas y frecuencias si no se saldaba la deuda acumulada del Estado por esta bonificación. El PP promovió entonces una enmienda al texto presupuestario aprobado por el Congreso para garantizar el pago de esas cantidades, necesarias, según el sector, para mantener la conectividad con los territorios no peninsulares.
La enmienda fue aprobada por la Cámara Alta, pero fue ignorada en la versión final del texto presupuestario tramitado en el Congreso. Esto desató un conflicto institucional entre ambas cámaras legislativas, un escenario previsto por la Constitución y cuya resolución corresponde al Ejecutivo. La respuesta del Gobierno ha sido tajante: rechaza incorporar los 1.200 millones solicitados por el Senado y argumenta que no hay disponibilidad presupuestaria para asumir ese gasto.
Además, el Ejecutivo ha subrayado que la Constitución le concede la potestad exclusiva de decidir sobre el gasto público. Concretamente, el artículo 134 establece que el Gobierno puede vetar cualquier iniciativa legislativa que suponga un incremento del gasto si considera que afecta al equilibrio presupuestario. En este caso, ha ejercido esa prerrogativa para bloquear la modificación impulsada por el PP en el Senado.
El bloqueo de la enmienda del Senado por el Congreso ya suscitó duras críticas por parte del Partido Popular, que acusa al Gobierno de bloquear de forma sistemática las iniciativas aprobadas en la Cámara Alta. A juicio del PP, este veto perjudica directamente a los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares, especialmente a los de Melilla, que dependen casi exclusivamente del transporte aéreo para conectarse con la península.
“El Gobierno no sólo desoye a los representantes territoriales en el Senado, sino que además desatiende una situación crítica que afecta a miles de ciudadanos y amenaza con dejarles aislados”, denuncian desde las filas populares. Además, alertan de que el impago a las aerolíneas puede traducirse en una reducción drástica de vuelos, con el consiguiente impacto sobre la economía local y la movilidad de los residentes.
El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció hace dos meses que su partido llevará al Tribunal Constitucional el bloqueo reiterado de propuestas aprobadas por el Senado y bloqueadas en el Congreso. La enmienda para financiar el 75% del transporte aéreo está entre las iniciativas que el PP considera que están siendo “boicoteadas” desde el Congreso por razones estrictamente políticas.
Desde el sector aéreo se han reiterado las quejas por la falta de pago de las bonificaciones, que deben ser adelantadas por las compañías y luego compensadas por el Estado. Según las patronales del sector, el retraso en el abono de estas cantidades está poniendo en riesgo la viabilidad de varias rutas y podría derivar en cancelaciones si no se actúa con rapidez.
Por ahora, el Gobierno descarta cualquier modificación del presupuesto vigente, y no contempla incluir los 1.200 millones reclamados. Con ello, la continuidad y estabilidad del sistema de bonificaciones sigue en entredicho, mientras se agrava el malestar institucional entre el Senado y el Congreso y aumentan las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición.
