El Consejo de Ministros aprobó este martes una autorización para ofrecer un aumento del 33,5 por ciento a las aseguradoras interesadas en la prestación sanitaria a empleados públicos por medio de Muface, que cubre a 1,5 millones de personas en toda España y a entre 4.000 y 5.000 empleados públicos en Melilla.
La autorización implica que Muface convocará una licitación para el período 2025-2027, tres años durante los cuales el Gobierno ha hecho un cálculo según el cual pagará 4.478 millones, desglosados en 1.303 millones en 2025, 1.490 millones en 2026 y 1.685 millones en 2027. El total supera en casi 1.000 millones lo que se pagó con el convenio actual. Porcentualmente, la prima subirá un 19,37 por ciento en 2025, un 7,25 por ciento en 2026 y un 4,32 por ciento en 2027. Con todo ello, la prima anual media por mutualista pasará de 1.032,12 euros este año a 1.262,28 euros en 2027. También se destinarán 77,7 millones a la asistencia sanitaria en el exterior.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, explicó que, con esta partida, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumple con su compromiso de impulsar una nueva licitación para Muface antes de fin de año. Alegría también transmitió un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos afectados, quienes seguirán recibiendo la asistencia sanitaria como hasta ahora.
Ahora toca que Muface publique la nueva licitación en el Portal de Contratación del Estado para que las aseguradoras estudien si les resulta atractivo el concierto. Aunque el proceso está abierto a todas las compañías de seguros que operan en España, sólo parecen interesadas Asisa –que sí puede estar dispuesta a aceptar la oferta- y Adeslas y DKV –que había pedido un incremento del 40 por ciento-, que ya han informado de que tendrán que analizar todo en profundidad.
Tras conocerse la oferta, CSIF, que impulsó la última manifestación que hubo en Madrid para exigir una nueva licitación, ha reclamado prudencia hasta saber cuál es el posicionamiento de las empresas que actualmente prestan sus servicios en el concierto.
El modelo de Muface surgió hace casi 50 años, cuando aún no estaba desarrollada plenamente la sanidad pública y se prefirió mantener la posibilidad de que los empleados públicos pudieran decidir si preferían recibir las prestaciones médicas a través de una aseguradora concertada. Así se mantiene en la actualidad y docentes, sanitarios, policías nacionales y otros funcionarios escogen si prefieren la atención sanitaria pública o la concertada.
En Melilla, el 72 por ciento de estos funcionarios optaron en 2024 por la sanidad concertada –un 34 por ciento con Adeslas, un 25 por ciento con Asisa y un 13,2 por ciento con DKV–, mientras que el otro 28 por ciento prefirió la sanidad pública, según los datos hechos públicos por CSIF en la última concentración frente a la Delegación del Gobierno.
