La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Melilla ha respondido con dureza a la denuncia pública realizada por Somos Melilla sobre la supuesta falta de personal en el centro Gámez Morón, acusando a la formación de “manipular” una vez más la información con fines políticos. Según el Ejecutivo, las declaraciones del partido que lidera Amín Azmani buscan sembrar la duda entre la ciudadanía y desprestigiar al personal profesional del centro.
Esta respuesta se produce después de que Somos Melilla denunciara públicamente este jueves una “alarmante falta de cuidadoras” en el centro. En su comunicado, el partido también advertía de la existencia de momentos del día en los que una sola cuidadora debía atender a más de veinte usuarios. Para esta organización política, esa situación es “absolutamente inaceptable” y pone en riesgo la calidad de la atención que se ofrece a las personas con discapacidad, que constituyen una población especialmente vulnerable.
La formación que lidera Azmani también exigió responsabilidades políticas por lo que consideran una grave negligencia en la gestión de los recursos humanos de este servicio público, y alertaron del desgaste físico y emocional que sufre el personal por estas sobrecargas.
Frente a estas acusaciones, la Consejería ha defendido que en el centro Gámez Morón se cumplen “estrictamente” los ratios de atención recomendables y lo previsto en los pliegos de contratación. Según los datos ofrecidos, en horario diurno hay una cuidadora por cada 4 a 6 usuarios, mientras que por la noche el ratio es de una por cada 10 a 15 usuarios. Además, en los momentos de mayor ocupación —entre las 10:00 y las 17:00 horas— el centro alcanza un ratio de una cuidadora por cada 7,8 usuarios, una cifra que el Gobierno considera “plenamente adecuada y dentro de los estándares profesionales”.
La Consejería ha reconocido, no obstante, que entre las 15:00 y las 17:00 horas se produce una ligera desviación en los ratios, aunque lo achacan a un ajuste puntual que dura dos horas. Según explican, a partir de las 17:00 horas los 17 usuarios mediopensionistas se marchan a sus casas, lo que reduce la presión asistencial y normaliza la situación.
Sin embargo, desde Somos Melilla se insiste en que los datos oficiales no reflejan el día a día real del centro, y que las cifras que maneja el Gobierno se utilizan como argumento defensivo sin abordar el fondo del problema. “Nosotros no hablamos de estándares fríos sino de personas que requieren atención constante, muchas veces individualizada”, afirmaba en su denuncia. El partido ha exigido transparencia y que se haga pública la planificación real de turnos, así como que se refuercen de forma inmediata las plantillas.
Además, consideran preocupante que la única reacción del Ejecutivo ante la denuncia sea desmentir los hechos en lugar de iniciar una revisión seria del servicio. “Manipular es mentir. Mostrar lo que pasa dentro del centro no es manipular, es exigir que se cumplan los derechos de los usuarios”, sostienen.
Este nuevo cruce de acusaciones pone de relieve la tensión política en torno a la gestión de los servicios sociales en Melilla. Mientras el Gobierno defiende el cumplimiento de los protocolos y ratios, desde la oposición denuncian falta de sensibilidad y respuesta ante situaciones críticas que afectan directamente a personas con discapacidad.
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