Va para dos años que El Faro publicó las primeras noticias acerca de un nuevo empresario asentado en el sector del transporte de mercancías en Melilla que durante meses, al parecer, había estado engañando tanto a la Ciudad Autónoma como a comerciantes con el asunto de la liquidación del IPSI. Resulta que, según testimonios recogidos por este diario entre los perjudicados, se dedicaba a cobrarle el impuesto a los clientes a los que proveía de los productos llegados desde la península pero ese dinero nunca era ingresado en las arcas públicas; es decir, rompió las reglas del juego que tradicionalmente se utilizaban en Melilla, basada en la confianza mutua entre los transportistas, aduaneros y la Administración Local en lo relativo al pago del IPSI de importación.
Las malas acciones de ese empresario, con doble nacionalidad española y alemana, pusieron en tela de juicio la efectividad del sistema y provocó no solo ya un quebranto económico para la Ciudad Autónoma, fijado en unos 800.000 euros, sino también que todo el sector quedara en shock. No en vano, el empresario en cuestión había comprado varias de las agencias de transporte, cuyos trabajadores fueron despedidos sin indemnización ni razón objetiva alguna y los que quedaron, apenas unos cuantos, ni siquiera cobraban sus nóminas.
El Colegio de Aduanas expulsó a este individuo de sus filas y fue tal la caradura del dueño de Logistics Express que pretendió desmentir las publicaciones de El Faro asegurando que las acusaciones de los agentes de aduanas carecían de base. Es más, se atrevió incluso a afirmar que era na empresa centenaria de "probada integridad y transparencia empresarial".
Se atrevió incluso a hacer un llamamiento a la "prudencia y la responsabilidad" en la difusión de información para evitar así "daños potenciales e injustificados a la reputación de nuestro grupo y sus empresas integrantes. Instamos a todas las partes a basar sus declaraciones en hechos verificados y evitar especulaciones". Y traspasó la línea roja del descaro cuando se puso a disposición de los mismos comerciantes a los que había estafado para aclarar cualquier circunstancia derivada de la no liquidación del IPSI en la Ciudad Autónoma aún habiéndoselos cobrado.
El individuo en cuestión fue detenido hace como un año en Canarias y ahora se ha sabido que ya no solo está acusado de ese presunto fraude, entre otros delitos, sino que también se le imputa el blanqueo de los 800.000 euros que al parecer no habría ingresado en la Ciudad Autónoma.
