Afirma que tenía conocimiento de este problema desde su visita en septiembre de 2015
El Defensor del Pueblo afirma que hay un problema de aguas fecales en las inmediaciones del centro de acogida de La Purísima en un escrito enviado a la Asociación Pro Derechos Humanos. Asegura en este documento que en septiembre de 2015, durante su visita a estas instalaciones, ya pudieron ver este problema.
El Faro ya publicó el pasado 1 de febrero la denuncia de que este centro estaba “hecho unos zorros” y que había un vertido de aguas residuales que llegaba hasta el módulo donde residen los menores acogidos.
Trabajando en ello
No obstante, la Consejería de Bienestar Social informó de que no se trataba de aguas fecales, aunque reconoció que había un pozo ciego que estaba lleno y que Medio Ambiente tiene que ir hasta tres veces al día para vaciarlo, mientras se buscaba una solución a este problema.
El Defensor del Pueblo destaca que trasladó a las autoridades la necesidad de revisar el mantenimiento de los pozos negros que se encuentran en las cercanías del centro de menores y en la adopción de medidas oportunas para “evitar el persistente mal olor” que había en la zona.
También argumenta que expresó a la Administración local que “debe valorar el inicio de las obras de alcantarillado en la zona para la resolución de modo definitivo del problema”.
Éstas son algunas de las explicaciones que el Defensor del Pueblo aportó en una carta remitida el lunes a la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, en concreto, a su vicepresidente José Alonso Sánchez.
“Malas condiciones”
Por otro lado, esta institución recuerda que estuvo en La Purísima los días 28 y 29 de septiembre de 2015 y luego elaboró un informe que fue remitido a la Ciudad, la Delegación del Gobierno y a la Fiscalía General del Estado.
Entre las conclusiones que los técnicos del Defensor del Pueblo recogieron en este documento hay que los centros de acogida están “saturados” y en “malas condiciones”, que hay demora en obtener la autorización de residencia y que ésta se extingue cuando los jóvenes cumplen 18 años.
Todo esto más la “discriminación en su escolarización desincentivan la permanencia en los centros de menores y suponen un acicate para que quieran dirigirse a la península”.
Medidas a pie de calle
Asimismo, el Defensor del Pueblo señala que pidió a la Administración local adoptar medidas que “permitan abordar a pie de calle” la situación de estos menores desde puntos de vista distintos a los meramente policiales, adoptando medidas asistenciales y educativas, ya que las medidas coactivas que se han tomado no han demostrado efectividad”.
Por último, expresa a la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla que cuando los organismos oficiales remitan al Defensor del Pueblo información sobre estas conclusiones y las medidas adoptadas para dar una solución a estas “irregularidades detectadas”, también se le dará traslado de dicho contenido para que conozca las iniciativas de la Administración local.
