Las decisiones que ha venido adoptando el Gobierno de España con respecto a las comunicaciones marítimas de Melilla no han podido ser más desafortunadas para los intereses de la ciudad. De hecho, el vigente contrato marítimo ha recortado las frecuencias con Málaga y Almería, de manera que, por ejemplo, los sábados ya no hay conexión con el puerto malacitano mientras que en el caso del almeriense se han recortado las rutas a tres semanales cuando, desde hacía décadas, ambas travesías eran diarias.
Se pretenda vender el tema como se quiera, lo cierto es que ha habido un retroceso importante en el transporte marítimo para los melillenses. No solo se han perdido las frecuencias diarias con Málaga y Almería sino que, además, se ha acabado con la iniciativa privada que permitía incluso que existiera cierta competencia entre las navieras. Y Motril entra en el contrato público con tres rotaciones, alternándose con las de Almería.
En este último caso incluso llegó a crearse una Plataforma de Afectados por cuanto que muchos funcionarios públicos, sobre todo militares, expresaron sus quejas por no haber ruta con Almería el fin de semana, lo cual les impedía poder conciliar con sus familias. La Delegación del Gobierno se comprometió a buscar una solución que, por supuesto, nunca llegó. Es más, hace unos días aseguró que seguía estudiándolo cuando en julio de 2025, el Ejecutivo central dejó claro que no habría refuerzo para implantar una cuarta rotación, como querían los usuarios.
Hace algo más de un año que ese contrato marítimo entró en vigor, si bien primero hubo que resolver la polémica que se creó cuando hubo una impugnación contra la resolución primigenia de Marina Mercante. Eso sí, se vendió como un gran logro que el presupuesto para pagar ese contrato aumentara hasta los 79 millones de euros para el período 2025-2027, un incremento que en modo alguno se ha visto reflejado en mejoras reales para las conexiones.
Si a eso le añadimos lo que ocurrió con la imposición de la "tasa verde" por parte del Gobierno de Sánchez, el círculo se cierra. El Ejecutivo traspuso en ese sentido una normativa europea sin pararse a preservar los intereses melillenses, que pasaban por dejar exentas de pago a las navieras que operan en Melilla, al objeto de quedar equiparados a las islas y poder competir con el puerto de Nador, que, a pesar de funcionar con las mismas empresas, éstas no tienen que abonar los aproximadamente 2 millones de euros que supone el pago por la producción de CO2.
