El informe del comisario de Derechos Humanos critica que la protección dependa de la nacionalidad de los solicitantes. Pide que se analice si ha habido uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.
La implantación de la oficina de asilo en el puesto fronterizo de Beni Enzar de Melilla hace poco más de un año (marzo de 2015) fue una medida aplaudida por organismos nacionales e internacionales. La decisión surgió a raíz de que Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) pusiera el acento en el incremento de entrada de sirios y en la necesidad de dar una respuesta adecuada a la situación de estos potenciales refugiados. Sin embargo, las mismas organizaciones que celebraron la puesta en marcha de estas instalaciones, advirtieron desde un primer momento de que había ciudadanos que no iban a poder tener acceso a la oficina, en referencia especialmente a los subsaharianos. El Consejo de Europa, en el informe anual del Comisario de Derechos Humanos, vuelve a poner el acento en esta cuestión. Muestra su preocupación por este asunto y considera necesario que se garantice el acceso a la protección a todos los inmigrantes que llegan a nuestras fronteras, independientemente de cuál sea su país de origen. El comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, visitó Melilla en enero de 2015 para analizar la situación de nuestra frontera y de los flujos migratorios. En las conclusiones de esta visita y del análisis posterior que hizo Muiznieks de la política migratoria española, destaca la apertura de la oficina de asilo y resalta la “efectiva colaboración” entre la Policía y Acnur para la tramitación de las solicitudes de asilo, que aumentaron exponencialmente durante el pasado año. Pero al mismo tiempo, recalca la necesidad de que el sistema de protección en Melilla sea el mismo para todos los inmigrantes y que se garantice que puedan acceder a territorio seguro. Considera urgente que las autoridades encuentren vías para mejorar los sistemas de recepción de inmigrantes en Melilla y clarificar la normativa para el traslado a la península. Las dificultades de acceso al sistema de protección para algunos inmigrantes no es la única preocupación que se refleja en este informe del Consejo de Europa. Las ‘devoluciones en caliente’ es otro de los asuntos que analiza el comisario de Derechos Humanos. Muiznieks relata que nuestro país tiene que cumplir con sus obligaciones y urge a las autoridades españolas a que en su legislación se aseguren los derechos de los inmigrantes. Recalca que antes de un rechazo es imprescindible que se garantice el acceso “efectivo” al proceso de asilo y eliminar las expulsiones colectivas. Actuación policial También se refiere Muiznieks a la necesidad de investigar si en la valla de Melilla, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hecho un uso excesivo de la fuerza contra los inmigrantes. En su visita a España, el comisario de Derechos Humanos dijo que la legalización de las ‘devoluciones en caliente’ suponía el principio del fin del derecho al asilo. En aquel momento, antes de que se aprobara el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana que incluyó una enmienda para modificar la Ley de Extranjería y legalizará los rechazos en frontera, el comisario mostró su inquietud no tanto por el hecho de que estuviera llevando a cabo esta práctica en nuestra frontera (reconoció que también se hacía en otros países), como por el hecho de que el Gobierno se estuviera planteando ampararlo con una ley. En su informe anual, el comisario europeo asegura, entre otrsa cosas, que el 2015 fue un año de inseguridad en Europa y apunta que los gobiernos cometieron negligencias con respeto a los derechos humanos.
