El alquiler en Melilla encara nuevas reglas con los últimos cambios legislativos

El mercado de la vivienda en Melilla encara desde este jueves un nuevo marco normativo. El Real Decreto-ley 26/2026, publicado el 30 de septiembre en el BOE y en vigor desde el 1 de octubre, introduce cambios en los contratos de alquiler, limita determinadas prácticas en los arrendamientos temporales y por habitaciones y establece nuevos incentivos fiscales para los propietarios que mantengan o reduzcan las rentas.

La reforma llega a una ciudad donde el precio de la vivienda mantiene una trayectoria ascendente. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios residenciales en Melilla aumentaron un 13,8% interanual en el segundo trimestre de 2026, frente al 12,2% registrado de media en España. La subida melillense fue, además, superior a la del conjunto nacional tanto en vivienda nueva como usada.

A esto se suma el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que incluye a Melilla entre los territorios que pueden beneficiarse de fondos para aumentar la oferta de vivienda pública y asequible.

La primera gran novedad afecta a los llamados alquileres de temporada. A partir de ahora, para que un contrato pueda considerarse temporal tendrá que existir una razón concreta que explique por qué la persona necesita la vivienda solo durante un periodo determinado. Esa causa deberá aparecer expresamente en el contrato y ser real y demostrable.

Por ejemplo, puede tratarse de una persona que se desplaza a Melilla durante unos meses por motivos laborales o de estudios. Pero si no existe una causa temporal acreditada, el contrato tendrá la consideración de alquiler de vivienda habitual, con las garantías que establece la legislación para este tipo de arrendamientos.

La norma también pone límites a la duración. Un alquiler temporal debe durar más de 31 días y, como regla general, no superar los 12 meses. Si se encadenan más de dos contratos temporales entre las mismas personas sobre la misma vivienda, o se supera ese periodo sin una justificación válida, el primero podrá considerarse un contrato de vivienda habitual.

Otro cambio afecta a quienes alquilan habitaciones. Si una vivienda se divide entre varios inquilinos, la suma de lo que pagan todas las habitaciones no podrá superar el precio que tendría el alquiler de la vivienda completa. La intención de esta medida es evitar que dividir un piso en habitaciones permita obtener una renta total superior a la que se cobraría por alquilarlo entero.

También cambian las reglas para actualizar el precio de los alquileres. Desde este 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2027 se establece una limitación extraordinaria. Si la renta está por encima del límite máximo que corresponda según el sistema de referencia, no podrá aplicarse una subida. En los demás casos, si propietario e inquilino no llegan a un acuerdo, el incremento no podrá superar el 2%.

La reforma incorpora además una medida para quienes ya viven de alquiler. Determinados contratos de vivienda habitual que lleguen a su final podrán prorrogarse hasta dos años más, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la norma y el inquilino esté al corriente de pago. Durante esa prórroga se mantienen las condiciones del contrato.

A esta reforma se suma otro real decreto-ley publicado este jueves, 1 de octubre, que entra en vigor el viernes 2. En este caso, el objetivo es reforzar la estabilidad de los contratos de vivienda habitual. Cuando hayan pasado al menos cinco años de contrato, o siete si el propietario es una empresa, la continuidad pasa a ser la regla salvo que alguna de las partes comunique que no quiere continuar. Además, el propietario deberá avisar con seis meses de antelación si no quiere prorrogar el contrato, frente a los cuatro meses que establecía hasta ahora la normativa.

Pero todas estas medidas llegan a Melilla en un mercado donde el acceso a una vivienda sigue siendo un problema. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluye expresamente a las ciudades autónomas y contempla financiación para aumentar el parque de vivienda pública, protegida y asequible. Al menos el 40% de la financiación del plan debe dirigirse cada año a incrementar esta oferta.

El plan también contempla ayudas para facilitar el acceso a una vivienda y reducir el esfuerzo económico de los hogares. En determinados programas, las ayudas pueden aplicarse al alquiler de viviendas y también a habitaciones. El límite general fijado por el plan es de 1.000 euros mensuales para una vivienda y 600 euros para una habitación, aunque Melilla puede incrementar esos límites si lo justifica con estudios sobre su mercado.

La Ciudad Autónoma cuenta, además, con sus propias ayudas al alquiler. La convocatoria anunciada en junio amplió la edad de los jóvenes que pueden beneficiarse hasta los 30 años y elevó la ayuda mensual máxima de 375 a 425 euros. También aumentó el alquiler máximo que permite acceder a la subvención: hasta 750 euros en el cupo general y 850 euros para familias numerosas.

Así, para quien busca piso en Melilla, los cambios se traducen en tres cuestiones principales: más controles sobre los alquileres temporales, límites a determinadas subidas de precio y nuevas posibilidades de apoyo público. Para los propietarios, el nuevo escenario implica más requisitos para determinadas modalidades de arrendamiento, aunque también existen incentivos fiscales para quienes alquilen sus viviendas bajo determinadas condiciones.

La clave estará ahora en cómo estas medidas se aplican en la práctica. Porque limitar las subidas o proteger la duración de los contratos puede afectar directamente al bolsillo y a la estabilidad de los inquilinos, pero el acceso a la vivienda también depende de que haya pisos disponibles a precios que puedan asumir las familias.