El Ministerio elabora una orden para crear una bolsa de trabajo sin contar con los agentes sociales.
Los sindicatos sólo tuvieron tres días para leer el documento y redactar sus sugerencias. Y después de trabajar con prisas resulta que sus alegaciones se van a ir a la basura porque ese texto que estudiaron y analizaron no era un borrador sobre el que negociar con la Administración, sino un documento definitivo que se aplicará por mucho que protesten. Ésta es la historia de cómo los sindicatos de la ciudad no pueden negociar con el Ministerio de Educación y de cómo la Administración les pide que aporten sus ideas para no tenerlas en cuenta. Así lo denunciaron ayer los cinco sindicatos del sector de Enseñanza en Melilla, que han comprobado que el Ministerio les había entregado el borrador de cómo se va a realizar una bolsa de trabajo para la inspección educativa un día más tarde de que la Administración firmara el documento.
Fue el pasado 25 de marzo cuando las organizaciones sindicales reciben el borrador en el que se describe cómo se van a valorar los méritos de los de las personas que deseen ingresar en la bolsa de trabajo de los inspectores educativos. El Ministerio pidió “celeridad” a los agentes sociales para presentar sus alegaciones a este texto y les dio tres días para entregar sus propuestas. “No con poca dificultad nos ajustamos a dicho plazo”, aseveran en un comunicado conjunto.
Pero “la sorpresa” les llegó el pasado miércoles, cuando el Ministerio remite la orden a los sindicatos y estos observan que está firmada el 24 marzo, es decir, un día antes de que les dieran el borrador.
Vulnera la negociación
SATE-STEs, CSI-F, UGT, CCOO y ANPE afirman que “una vez más el Ministerio obra de una forma totalmente inaceptable con los representantes legítimos de los trabajadores del colectivo docente”.
Los sindicatos resaltan que “la Administración vulnera el derecho a la negociación colectiva”. “Nos miente, engaña y menosprecia a unos niveles nunca vistos por parte de quienes son los gestores del ámbito educativo.
También apuntan que “éstas no son formas” de hacer las cosas y añaden que van a insistir en que respeten los derechos de los trabajadores.
Ya conocían la información
Por su parte, el director provincial de Educación, José Manuel Calzado, no quiso entrar a valorar ayer si el baremo para los candidatos a la inspección educativa estaba cerrado o no cuando los sindicatos recibieron el borrador. Afirmó a El Faro que este tema se trató directamente entre la Dirección General de Personal del Ministerio en Madrid y las centrales sindicales. No obstante, señaló que los sindicatos tenían conocimiento del contenido de esta orden.
Calzado explicó que en la reunión del 18 de marzo ya se les dio toda la información sobre cómo se iba a valorar los méritos de las personas que deseen entrar en la bolsa de trabajo para ser inspector educativo.
Ejemplo de “despotismo”
Los sindicatos aseguran que la forma de proceder del Ministerio no les sorprende y afirman que se trata de una “total muestra de despotismo, prepotencia y mala educación instaurada en la Administración que debe velar por la educación de todos”.
Por último, los representantes de los profesores explican que hasta el miércoles creían que “se mantenían unos mínimos principios irrenunciables de respeto y comunicación”, pero añaden que se han dado cuenta de que no es así. Además, resaltan que el hecho de que Melilla no cuente con las competencias de Educación, hace más complicada la negociación.
