La Red Europea de la Lucha contra la Pobreza en Melilla (EAPN), organizó ayer una charla en el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) sobre las rentas mínimas de inserción para las personas con menos recursos. En este coloquio, se quiso valorar el necesario papel de estas subvenciones para mitigar los desequilibrios entre las clases sociales más y menos favorecidas de la sociedad.
Al terminar la ponencia de la responsable de Incidencia Política de EAPN, Gabriela Malgesini, se procedió a una mesa redonda con algunas personas en riesgo de exclusión social que acudieron a esta cita en busca de respuestas a sus problemas económicos.
Necesidad de estas rentas
Malgesini quiso lanzar una advertencia sobre la peligrosidad de olvidar esta serie de ayudas a los más desfavorecidos, pues apartarlos del mercado económico puede acabar colapsando el sistema. Y es que estas rentas mínimas se constituyen como una “malla de contención social”.
Valoró ademas la necesidad de esta serie de medidas en una ciudad como Melilla, donde la población inmigrante es cada vez más numerosa y la cualificación laboral cada vez más baja.
Comentó la responsable de EAPN, además, las dificultades de los receptores de estas ayudas, pues dijo que si se desplazan de domicilio durante un tiempo muy limitado pierden esta prestación.
Malgesini puso el caso de un sujeto receptor de esa renta de inserción que ha de viajar a Marruecos durante quince días. Esta persona, a su vuelta, verá como ha perdido dicha prestación y tendrá que empezar de nuevo los procesos de tramitación de la misma, que no son nada laxos en España.
También aclaró que, para poder acceder al RAI (Renta Activa de Inserción), por ejemplo, los solicitantes tienen que esperar durante un año hasta que les es concedida la ayuda. Una vez la obtienen, tienen un máximo de tres años para percibirla mensualmente.
Evitar la exclusión
Estos instrumentos de política comunitaria nacen en Dinamarca y actúan como estabilizadores económicos. Con las rentas mínimas, según la integrante de EAPN, se pretende paliar el daño que en la sociedad puedan hacer los periodos prolongados de desempleo, para así evitar la caída en la exclusión social del mayor número de ciudadanos.
A este rechazo se llega, principalmente, por tres causas fundamentales: el citado desempleo, la pobreza y una privación material severa. Hoy en día, todos los países de la Unión Europea excepto Grecia e Italia tienen recogidas en sus presupuestos partidas presupuestarias -unas mayores que otras- destinadas a las rentas de inserción de esta población.
Malgesini explicó también que, ante la denostada situación económica de la Unión Europea durante estos últimos años de recesión, desde el Ejecutivo comunitario se sugirieron una serie de estrategias para intentar reducir drásticamente la exclusión social entre sus habitantes.
Para tal efecto, la UE se propuso en su estrategia ‘EV 2020’ reducir un 25% la pobreza en el continente. Esta iniciativa se firmó en el 2010, con la firme idea de reducir en un 25% el número de pobres, lo que implicaría a unos 20 millones de ciudadanos europeos.
Desde entonces, sin embargo, y en base a una serie de políticas reaccionarias y poco sociales de los estados miembros de la Unión, el número no sólo no se ha reducido, sino que se ha incrementado en 80 millones de personas.
La representante del EAPN a nivel nacional defendió pues, para salir de esta situación, que los diferentes ejecutivos promuevan políticas económicas que consigan disminuir el desempleo, que se logren unas coberturas sociales altas y con un modelo fiscal algo más estricto, al estilo del modelo que se practica en Dinamarca.
