El desarrollo del Plan Integral 2023-2026 para Melilla ha quedado envuelto en una clara confrontación política entre el Gobierno central y el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, con dos versiones opuestas sobre el grado real de cumplimiento de los compromisos adquiridos. Mientras el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, sostiene que el plan avanza y que se están materializando actuaciones relevantes hasta alcanzar el 77% del conjunto de las iniciativas, el vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, Miguel Marín, denuncia que esa visión no se ajusta a la realidad y acusa al representante estatal de faltar a la verdad sobre el estado de ejecución del plan.
Durante su reciente visita a Melilla, Arcadi España ofreció un balance del Plan Integral en el que detalló diferentes actuaciones impulsadas por el Gobierno de España. Según explicó, el Ejecutivo central ha puesto en marcha medidas en ámbitos como las infraestructuras, las políticas sociales, la educación, el empleo y el desarrollo económico, defendiendo que Melilla sigue siendo una prioridad dentro de la acción gubernamental. Desde esta perspectiva, el secretario de Estado aseguró que los compromisos recogidos en el Plan Integral se están cumpliendo conforme a los plazos y procedimientos administrativos establecidos.
El Gobierno central sostiene que muchas de las iniciativas incluidas en el plan cuentan con financiación asignada, proyectos definidos o actuaciones en distintas fases de tramitación, lo que, a su juicio, demuestra el compromiso del Ejecutivo con la ciudad. Arcadi España defendió que la evaluación del Plan Integral debe realizarse teniendo en cuenta los tiempos propios de la administración pública y el carácter plurianual del programa, diseñado para ejecutarse hasta 2026.
Sin embargo, esta lectura fue rebatida de forma contundente por el vicepresidente primero del Gobierno de Melilla, Miguel Marín, quien respondió a las declaraciones del secretario de Estado acusándolo de “mentir” sobre el cumplimiento del Plan Integral. Marín afirmó que el balance presentado por el Gobierno central no refleja la situación real de los proyectos comprometidos y calificó la exposición de Arcadi España como una “tomadura de pelo” hacia la ciudad.
Desde el Ejecutivo melillense se sostiene que existe una diferencia sustancial entre anunciar actuaciones y ejecutarlas, y que muchas de las iniciativas que el Gobierno central presenta como avances no se han traducido en hechos concretos ni en mejoras perceptibles para la ciudadanía. Miguel Marín señaló que una parte importante de los proyectos incluidos en el Plan Integral siguen sin ejecutarse o se encuentran en fases muy iniciales, sin resultados visibles sobre el terreno.
Uno de los principales puntos de discrepancia entre ambas versiones se centra en el concepto de “avance”. Mientras el Gobierno de España considera que la consignación presupuestaria, los estudios previos o los anuncios públicos forman parte del cumplimiento del plan, el Gobierno de Melilla insiste en que solo puede hablarse de avances cuando los proyectos se materializan y tienen un impacto real en la ciudad.
Este desacuerdo se ve reforzado por antecedentes como el del campus de Formación Profesional prometido dentro del Plan Integral. Tal y como informó anteriormente El Faro de Melilla, esta infraestructura fue presentada como una de las actuaciones estratégicas del plan, destinada a reforzar la oferta educativa y mejorar las oportunidades de formación y empleo. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde su anuncio, el campus sigue sin ejecutarse, lo que ha sido utilizado por el Gobierno local como ejemplo de los incumplimientos que denuncia.
Miguel Marín subrayó que este tipo de proyectos emblemáticos, que fueron anunciados como prioridades, continúan sin avances reales, lo que contrasta con el discurso optimista del Gobierno central. Desde el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma se reclama mayor rigor y claridad a la hora de informar sobre el estado del Plan Integral y se cuestiona que se presenten como logros actuaciones que no han pasado del papel.
Por su parte, el Gobierno de España mantiene que el Plan Integral continúa vigente y que las actuaciones previstas se están desarrollando conforme a los procedimientos administrativos y legales. El Ejecutivo central insiste en que el compromiso con Melilla es firme y que el despliegue del plan debe analizarse en su conjunto y a lo largo de todo el periodo 2023-2026.
El cruce de declaraciones entre ambas administraciones pone de manifiesto una profunda discrepancia sobre la ejecución del Plan Integral. Mientras el Gobierno central defiende avances y compromiso institucional, el Gobierno de Melilla denuncia retrasos, falta de ejecución efectiva y una brecha evidente entre los anuncios realizados y la realidad de los proyectos comprometidos.
