En el salón de una vivienda de Melilla funcionó durante meses una auténtica “escuela” de adoctrinamiento yihadista en la que se radicalizaba a jóvenes, incluidos menores de edad. En ese espacio, acondicionado con una gran pantalla, se proyectaban de forma habitual contenidos extremistas destinados a difundir la ideología yihadista y reforzar la adhesión al ideario del Estado Islámico entre los asistentes.
Según la investigación judicial, este lugar estaba ubicado en el domicilio de uno de los condenados recientemente por la Audiencia Nacional a seis años de prisión, Akawak. Esa casa se convirtió en el principal núcleo de captación y adoctrinamiento del grupo. Entre el material intervenido por los investigadores se hallaron discursos de los mismos predicadores radicales que escuchaba la célula de Ripoll, responsable de los atentados de Las Ramblas de Barcelona y Cambrils, lo que situó el caso de Melilla en un nivel de especial gravedad dentro del panorama yihadista en España.
La actividad de esta “escuela” no se limitaba a las sesiones celebradas en el interior de la vivienda. Los denominados “profesores” y sus pupilos también se reunían en espacios públicos, como la zona conocida como Los Pinares, donde realizaban entrenamientos de artes marciales. Estas prácticas formaban parte del proceso de cohesión grupal y se integraban en una estrategia más amplia de radicalización progresiva, combinando adoctrinamiento ideológico y actividades físicas.
El experto en yihadismo Pablo Muñoz explicó en declaraciones a la cadena COPE que los dos condenados habían logrado articular una estructura estable de radicalización en un barrio de Melilla, concretamente la Cañada, captando a chavales jóvenes y aprovechando su entorno social y familiar. Según este analista, el entramado urbano y las características sociales de la zona facilitaron que estas actividades se desarrollaran durante un tiempo sin una detección inmediata.
La investigación sitúa la actividad del grupo entre los años 2020 y 2022. Durante ese periodo, los responsables de la “escuela” combinaron los encuentros presenciales con una intensa labor de difusión de propaganda yihadista a través de redes sociales y plataformas digitales. El objetivo era reforzar los mensajes transmitidos en persona y mantener el contacto constante con los jóvenes ya captados o en proceso de radicalización.
Uno de los aspectos más preocupantes del caso fue la participación de menores de edad. Según los hechos probados, algunos de los jóvenes adoctrinados se encontraban en situaciones de especial vulnerabilidad, como menores de origen marroquí que habían llegado a Melilla de manera irregular. Esta circunstancia los convertía en un objetivo prioritario para el discurso extremista. Entre los casos detectados figura el de un niño de 12 años, familiar de uno de los condenados, que fue expuesto directamente a material propagandístico y a discursos radicales.
La actividad del grupo fue detectada tras el seguimiento de sus movimientos en redes sociales, donde compartían contenidos alineados con organizaciones terroristas. Esa vigilancia derivó en una operación policial que culminó con su detención en febrero de 2022. Posteriormente, la Audiencia Nacional los condenó a seis años y seis meses de prisión por un delito de adoctrinamiento terrorista, una decisión que confirmó la gravedad de los hechos investigados.
Este caso se enmarca en un contexto de elevada actividad antiterrorista en España, con un incremento notable de detenciones relacionadas con el yihadismo en el último año. El país mantiene activado el nivel 4 de alerta antiterrorista sobre 5, lo que refleja un riesgo persistente y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, especialmente en entornos locales y entre jóvenes en riesgo de exclusión social.
