Este martes se cumplen diez años de un salto a la valla de Melilla que hizo historia. Y no solo por ser el más largo hasta la fecha (16 horas), sino, sobre todo, porque llegó a ser juzgado en Europa y a punto estuvo de cambiar las cosas en las polémicas devoluciones cuya legalidad ponen en duda no pocas voces.
Aquel 13 de agosto de 2014, unos 600 subsaharianos intentaron vulnerar el perímetro fronterizo en el marco de un verano de enorme presión migratoria sobre Melilla, Ceuta y las costas de Andalucía. Ninguno de los 80 que se encaramaron desde la madrugada hasta las nueve de la noche logró su propósito porque todos terminaron bajando de la valla por su propio pie para ser entregados a Marruecos.
Dos de ellos, N.D. y N.T., de Mali y Costa de Marfil, denunciaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que les dio la razón en una primera sentencia que condenó a España a pagar 10.000 euros por expulsarlos de manera colectiva en contra de su voluntad, sin ser identificados y sin una decisión administrativa o judicial previa.
Un recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió mantener, dio lugar en febrero de 2020 a la última vuelta de tuerca y, de momento, definitiva, en este caso: la Gran Sala del TEDH avaló la expulsión de los migrantes porque “se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad” al acceder “a lugares no autorizados” y “recurriendo a la fuerza”.
Pero ni aquella nueva sentencia, que generó una gran expectación tanto en España como en el resto de Europa, ni tampoco la inclusión en 2015 de los rechazos en frontera en la Ley de Seguridad Ciudadana, han contribuido a calmar las bravas aguas sobre las que siempre se asienta este proceder en la valla y que diferentes organismos, ONG y asociaciones siguen cuestionando.
ACNUR: la denegación de acceso y las expulsiones, “prácticas peligrosas”
En declaraciones a Efe, la Oficina en España de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, cree que “no se puede continuar con las prácticas peligrosas, como la denegación del acceso al territorio y las expulsiones”, en un momento en el que se están elaborando los planes del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.
ACNUR defiende que el marco normativo “prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y sin garantías”, entre ellas la identificación individual de las personas y la comprobación de sus posibles necesidades de protección internacional, así como la apertura de un expediente administrativo antes de proceder a su expulsión.
En definitiva, reivindica que se respete el Principio de No Devolución, una “pieza clave en el sistema de protección internacional de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados”, ya que el derecho a solicitar asilo, recuerda, “es universal”.
Y aunque ACNUR reconoce “la complejidad” de la gestión de las fronteras de Melilla y Ceuta, las únicas terrestres de la Unión Europea con África, también insiste en que los Estados deben controlar y gestionar sus fronteras con respeto a los derechos humanos y conforme a la legislación, garantizando la posibilidad de solicitar asilo.
CEAR: “Las devoluciones siguen siendo ilegales”
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que al igual que ACNUR participó en el procedimiento judicial del TEDH como tercera parte, no oculta su decepción con la sentencia porque “cerró en falso” la polvareda sobre las devoluciones con una interpretación “que no está pegada a la realidad”.
Elena Muñoz, coordinadora estatal del servicio jurídico de CEAR, se refiere a la parte del fallo en la que los 17 jueces de la Gran Sala argumentaron que no se había producido una violación de la normativa porque los migrantes podrían haber pedido un visado para acceder a España o acudir a otras vías distintas en lugar de saltar la valla.
“Solicitar el visado está en la ley sobre el papel, pero en la práctica no se aplica y hay resoluciones judiciales que dicen que España no lo está cumpliendo”, deja claro en declaraciones a EFE. Además, apunta otra “realidad” y es que los migrantes de origen subsahariano nunca han tenido acceso a las oficinas de asilo de Melilla y Ceuta, de ahí que sus vías de entrada queden reducidas a la valla, las pateras o nadando.
Muñoz rechaza el “discurso peligroso” del TEDH “al poner la responsabilidad en este caso en las víctimas de esta situación”, esto es, los propios migrantes, pese “al consenso” que hay entre ONG e instituciones como el Defensor del Pueblo y la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa en torno a la irregularidad de las devoluciones colectivas.
A su juicio, el debate sobre el rechazo en frontera solo quedará zanjado cuando se derogue la disposición adicional de la Ley de Extranjería “que intenta dar una apariencia de legalidad a estas devoluciones”, que “siguen siendo ilegales” porque “no cumplen los requisitos que establece el Tribunal Constitucional” para detectar situaciones de vulnerabilidad entre los migrantes.
Protocolo de actuación para los agentes
En este sentido, CEAR defiende que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben tener “protocolos claros de actuación en las fronteras, alineados con los requisitos mínimos que puso el Tribunal Constitucional” porque “son los más interesados, después de las víctimas, al encontrarse en una situación de mucha inseguridad jurídica en su propia actuación”.
Contar con un protocolo es, precisamente, una demanda histórica de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la primera que lo pidió, antes incluso del caso que terminó juzgándose en el TEDH, para evitar que su actuación se base en “una orden de servicio que tampoco es sabida por todos al declararse como secreta”.
Además de esas “instrucciones claras y por escrito” para que los agentes del cuerpo no asuman toda la responsabilidad, desde la AUGC recalcan la necesidad de depender de Frontex “para recibir las instrucciones directamente de Europa y que los saltos a la valla sean un problema europeo” y no solo de España.
Que la Guardia Civil suelte competencias en Extranjería, tenga normas en su actuación marítima y cuente con medios técnicos y humanos necesarios son otros de los anhelos que la AUGC reitera con el paso de los años y de diferentes gobiernos para que su actuación en la frontera, especialmente cuando hay devoluciones, deje de estar en el punto de mira de todo el mundo.
