El secretario general de UGT Melilla indica asimismo que este Real Decreto de ley, de medidas urgentes, “es el resultado del Diálogo Social”. El secretario general de UGT-Melilla, Alonso Díaz, manifestó que el Real Decreto Ley de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas “es un paso importante”, resultado del Diálogo Social y “del que esperamos que permita afrontar en mejores condiciones la lucha contra el desempleo y la lucha por favorecer y atender mejor a las personas desempleadas”.
Díaz explicó que este plan de choque, que forma parte del Acuerdo Social y Económico, se aprobó diferenciándolo de la reforma de las políticas activas, “por nuestra exigencia, tanto en la negociación como a la hora de desarrollar y trasladar normas, de separar lo que era más urgente –plan de choque para jóvenes y parados de larga duración y la ayuda de 400 euros– de lo más estructural, como la reforma de las políticas activas”.
Los cuatro elementos esenciales que contiene este plan son, según resumió Diez, por un lado un “programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable”, que tiene una duración de un año y está dirigido a jóvenes que tengan 30 años o menos, y a los demandantes de empleo que hayan permanecido parados doce meses en el último año y medio.
El programa pretende potenciar la contratación de estos colectivos a través de la modalidad del tiempo parcial. La jornada debe de estar comprendida entre el 50 por ciento y el 75 de la jornada ordinaria y su duración mínima debe de ser de seis meses. Además debe de suponer un aumento neto de la plantilla de la empresa
El segundo punto es un programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. “Se trata de una medida específica de carácter n nacional que incluye medidas de política activa de empleo y ayudas económicas de acompañamiento. Una ayuda del 75 por ciento del IPREM, aproximadamente de 400 euros, en vigor por un periodo máximo de 6 meses desde su entrada en vigor”.
Un programa de ámbito nacional por lo que el pago se efectuará a través del Servicio Público de Empleo Estatal.
La ayuda se configura como un derecho subjetivo, por lo que todos los que cumplan con los requisitos que marca el Programa, tendrán derecho a percibir la ayuda.
Podrán beneficiarse de este programa las personas inscritas en las Oficinas de Empleo como desempleadas por extinción de su relación laboral que agoten la prestación por desempleo de nivel contributivo, a partir del 16 de febrero de 2011, y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en la ley, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas.
El tercer elemento esencial son las acciones de mejora de la empleabilidad que combinen actuaciones de orientación profesional y formación para el empleo.
Los Servicios Públicos de Empleo se dirigirán, durante un año desde la entrada en vigor de esta norma, a jóvenes, a mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, a personas procedentes del sector de la construcción y de otros afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan baja cualificación, para llevar a cabo acciones de mejora de su empleabilidad, mediante itinerarios individuales y personalizados de empleo, que incrementen sus oportunidades de ocupación.
Para el colectivo de jóvenes con especiales problemas de cualificación se promoverá su acercamiento a las empresas, favoreciendo el uso de contratos formativos y cuantas otras medidas faciliten su transición de la educación al trabajo. Asimismo, se promoverán acciones que conlleven una mayor coordinación entre las administraciones educativas y los Servicios Públicos de Empleo, con el objetivo de reducir las tasas de abandono escolar temprano y de completar y mejorar los niveles de educación y formación de aquellos jóvenes que hayan abandonado sus estudios.
El cuarto y último elemento es la inclusión de personas desempleadas en las acciones formativas dirigidas a personas ocupadas.
Durante el año 2011, los Servicios Públicos de Empleo garantizarán que, en las convocatorias de ayudas, los acuerdos, convenios y contratos que se celebren para la ejecución de los planes de formación de oferta dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, participen en el conjunto del correspondiente plan y en relación con el total de personas que inicien la formación dentro del mismo, entre un 20 por ciento y un 40 de personas desempleadas.
