La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en Melilla por su implicación en una trama de falsedad documental que tenía como finalidad facilitar la obtención de permisos de residencia a ciudadanos extranjeros mediante la utilización de documentos falsificados. Las detenciones se han llevado a cabo en el marco de dos investigaciones independientes pero relacionadas entre sí, desarrolladas por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla.
Según ha informado la Policía en una nota de prensa difundida este martes, los hechos comenzaron a investigarse en febrero de 2025, cuando se detectaron indicios de fraude en una solicitud presentada en la Oficina de Extranjería de Melilla. El caso inicial se centraba en la petición de una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea para una mujer de nacionalidad marroquí. Durante el análisis de la documentación adjuntada al expediente, los funcionarios detectaron elementos de falsedad en un contrato de trabajo y en varias nóminas, que presuntamente correspondían al cónyuge de la solicitante.
Los agentes constataron que los documentos habían sido manipulados con el objetivo de acreditar una relación laboral inexistente y así cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de extranjería. A raíz de estas irregularidades, se procedió a la detención del supuesto trabajador y del empresario que figuraba como empleador en el contrato presentado. Ambos quedaron investigados por delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Paralelamente, la investigación reveló que el domicilio que constaba en el contrato de arrendamiento presentado por la pareja no correspondía a una vivienda en la que realmente hubieran residido. Este hecho fue clave, ya que uno de los requisitos fundamentales para poder tramitar una residencia legal es estar empadronado en un domicilio real. Ante esta evidencia, se confirmó que los investigados habían simulado el empadronamiento utilizando un contrato de arrendamiento falso, lo que condujo a la detención de uno de ellos. El segundo implicado, vinculado a la misma vivienda, se encuentra actualmente en paradero desconocido.
Posteriormente, los agentes descubrieron un segundo caso muy similar que implicaba a otros tres ciudadanos marroquíes, quienes también habían utilizado el mismo contrato de arrendamiento fraudulento para empadronarse en la misma vivienda. La Policía confirmó que ninguno de ellos había residido en la dirección indicada. Dos de estos individuos fueron arrestados y el tercero también permanece en paradero desconocido.
En total, hasta el momento, cinco personas han sido detenidas, una sexta está siendo investigada y hay dos implicados más pendientes de ser localizados por las fuerzas de seguridad. Los atestados policiales han sido remitidos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla, donde ya se han incoado los correspondientes procedimientos judiciales.
Patrón que se repite
Este tipo de prácticas delictivas no es nuevo en la ciudad autónoma. A principios de abril, El Faro de Melilla ya informó de un caso muy similar, en el que una mujer fue detenida por presentar documentación falsa para empadronarse en Melilla. En ese caso, la detenida pretendía regularizar su situación como pareja de hecho de un ciudadano residente en España, utilizando un contrato de arrendamiento inexistente para acreditar residencia en la ciudad. En ese procedimiento también se investiga a su abogado, por presuntamente colaborar en la presentación de los documentos falsificados.
Ambos casos reflejan una tendencia detectada en los últimos años, en la que personas en situación irregular recurren a la falsificación de documentos con la ayuda de terceros para sortear los requisitos exigidos por la legislación de extranjería. Desde la Policía Nacional recuerdan que este tipo de actuaciones no solo constituyen delitos penales, sino que también atentan contra los derechos del resto de ciudadanos, afectando a la convivencia y a la gestión pública de los recursos municipales y estatales.
