El abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, ha denunciado ante el Supremo al presidente en funciones de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, por delito de desobediencia.
La supuesta infracción habría sido cometida al no cumplir la Ley de Memoria Histórica. El letrado recordó que dicha norma obliga, en su artículo 15, a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.
Según la denuncia impuesta por magistrado especializado en derechos humanos, la Ciudad Autónoma de Melilla debería haber procedido a retirar la simbología franquista que descansa en varios edificios de titularidad pública, puesto que de no hacerlo estaría concurriendo en un delito de desobediencia. Al igual que Imbroda, la denuncia es también contra los alcaldes de los municipios de Toledo, Cáceres, Zaragoza, Teruel y Guadalajara.
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