La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado la consecución de un acuerdo con el Gobierno que contempla una subida salarial del 11,4 por ciento para los empleados públicos hasta el año 2028. Esta medida, según destaca el sindicato, permitirá recuperar un 2,9 por ciento del poder adquisitivo perdido en los últimos años. El acuerdo se alcanza tras meses de protestas impulsadas por CSIF en solitario, en un contexto especialmente complicado, marcado por la ausencia de presupuestos, la inestabilidad institucional y las restricciones económicas exigidas desde Bruselas.
El nuevo marco retributivo incluye una subida del 2,5 por ciento con efectos retroactivos al 1 de enero de 2025, que se abonará en una paga adicional a partir de diciembre. En enero de 2026, las nóminas experimentarán un incremento del 4 por ciento. A esta cifra podría añadirse un 0,5 por ciento más si el Índice de Precios al Consumo (IPC) de ese año es igual o superior al 1,5 por ciento. Este importe adicional se cobraría en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo. En enero de 2027 se aplicará una subida del 4,5 por ciento y, finalmente, en enero de 2028 se completará el incremento con un 2 por ciento adicional.
El sindicato destaca que este acuerdo supone el fin de la congelación salarial que afectaba desde hace tiempo al colectivo de empleados públicos, que comenzarán a ver reflejada la mejora económica en sus nóminas desde diciembre. CSIF defiende que la subida pactada es fruto de una negociación complicada y que, teniendo en cuenta la coyuntura nacional e internacional, representa el mejor acuerdo posible en defensa de los derechos del funcionariado y del personal laboral de las administraciones públicas.
Además del componente económico, el texto del acuerdo incluye avances significativos en el ámbito laboral. CSIF ha conseguido introducir mejoras en los permisos, la conciliación de la vida personal y familiar, la movilidad interna y la promoción profesional. Se suprime la tasa de reposición, se adapta la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones que realmente se ejercen, y se agilizan los procesos selectivos para que no superen el año de duración desde su convocatoria. También se establece la regulación del teletrabajo y se impulsa la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, una de las reivindicaciones históricas del sindicato.
El acuerdo contempla igualmente la mejora de la calidad de la atención sanitaria que reciben los empleados públicos a través del mutualismo administrativo. Se reforzarán las prestaciones ofrecidas por MUFACE, MUGEJU e ISFAS, y se implementarán medidas destinadas a garantizar la salud laboral, incluyendo programas de apoyo psicológico y actuaciones para prevenir agresiones y situaciones de riesgo. También se abordarán aspectos como la revisión de las indemnizaciones por razón de servicio, los complementos por residencia e insularidad, y la actualización de los derechos del personal laboral del exterior.
CSIF ha insistido en que este pacto no constituye un cheque en blanco al Gobierno, y ha anunciado la creación de una Comisión de Seguimiento que se pondrá en marcha en un plazo máximo de quince días desde la firma oficial del acuerdo. Esta comisión tendrá la misión de velar por el cumplimiento íntegro y puntual de todas las medidas pactadas. Desde el sindicato ya han adelantado que ejercerán una vigilancia activa para garantizar que lo acordado se aplique en tiempo y forma, reservándose la posibilidad de llevar a cabo nuevas acciones si fuera necesario.
Para CSIF, este acuerdo representa una victoria colectiva lograda tras una intensa movilización, en la que, pese a la falta de apoyos de otras organizaciones sindicales, sus afiliados y simpatizantes han mantenido una postura firme, exigiendo mejoras salariales y laborales. El sindicato agradece el compromiso demostrado por los empleados públicos, que durante meses han trabajado en condiciones adversas y con el salario congelado, garantizando con su profesionalidad el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Con este paso, CSIF considera que se avanza de forma decidida en la mejora del empleo público, en la dignificación de sus condiciones laborales y en la consolidación del Estado del Bienestar.
