El CSD no inhabilita a Diego Martínez

Diego Martínez, presidente de la Real Federación Melillense de Fútbol.

• La comisión directiva aplaza este jueves la suspensión de los cinco presidentes territoriales de fútbol que estaban presentes en las escuchas del 'caso Soule' por falta de pruebas

La comisión directiva del Consejo Superior de Deporte (CSD) aplazó este jueves la suspensión de los cinco presidentes territoriales de fútbol que estaban presentes en las escuchas del 'caso Soule' por falta de pruebas.

Los implicados son Vicente Muñoz (Valencia), Andrés Alonso (La Rioja), Diego Martínez (Melilla), Antonio García Gaona (Ceuta) y José Miguel Monje (Murcia).

“La comisión directiva del CSD ha decidido posponer la decisión sobre la situación de los cinco directivos porque no hay una atribución directa y detallada sobre los hechos que se les imputan y por tanto hasta que tengamos más información del informe correspondiente de la Abogacía del Estado hemos pospuesto la decisión”, declaró José Ramón Lete, presidente del CSD, tras la reunión.

A la comisión directiva del CSD acudieron, entre otros, Luis Rubiales, presidente de la Asociación de Futbolistas de España (AFE) y Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), que se marchó al poco de comenzar la reunión ya que tenía que coger un avión.”Ha sido un acuerdo pacífico. Ha habido un miembro de la comisión directiva que ha dicho que no había causa y por lo tanto no había que posponer nada, pero el resto entienden que cuando tengamos un informe detallado de la Abogacía del Estado respecto al sumario se podrán tomar decisiones” aseguró Lete.

Además, el presidente del CSD anunció que la suspensión del presidente de la Federación española de taekwondo también está aplazada: “La toma decisiones depende de una calificación de conclusiones de un documento del ministerio fiscal que espero que podamos tener en las próximas fechas”.

Revisión de elecciones

La Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) acordó presentar ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) un recurso extraordinario de revisión del proceso electoral de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras los datos desvelados en la instrucción de la “Operación Soule”.

El organismo que preside José Ramón Lete ya suspendió durante un año a Ángel María Villar el pasado 25 de julio por su supuesta implicación en el caso, en el que figura como acusado por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

El levantamiento del secreto del sumario de la “Operación Soule”, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y la publicación de escuchas telefónicas practicadas por la UCO han llevado al CSD a tomar esta decisión, después de haber suspendido durante un año a Angel María Villar, reelegido el pasado mayo como presidente, por su posible implicación en el caso. Así lo anunció José Ramón Lete este jueves alegando que aparecieron nuevas informaciones sobre las elecciones a la RFEF y sobre la actuación de Ángel María Villar en la captación de votos.

“El señor Villar está suspendido y al CSD no le corresponde la solución del expediente. A partir de ahí no descarto ni afirmo que Villar vaya a ser inhabilitado”, aseguró Lete.

Según el auto del juez, “Villar, consciente de que los presidentes regionales son capaces de aglutinar los votos de clubes de divisiones inferiores y del colectivo no profesional, ha concedido beneficios a algunos de los presidentes de las federaciones en cuyo ámbito no tenía asegurado el apoyo, disponiendo del patrimonio ajeno y que administra de la RFEF”.

Por tanto, si el recurso extraordinario que presentará el CSD la semana próxima prospera y el TAD anula el último proceso electoral se pondría en marcha la maquinaria para repetir las elecciones a la RFEF.

Las últimas se celebraron el pasado 22 de mayo y en ellas Villar fue reelegido para un octavo mandato consecutivo sin rival opositor, ya que Jorge Pérez, que pretendía presentarse, no formalizó la presentación de los avales exigidos después de denunciar irregularidades en el proceso del voto por correo.