Coalición por Melilla habría utilizado tanto en las elecciones municipales y autonómicas de 2019 como en las de 2023 un "bot" de Telegram para ejercer un control sobre los electores que no votaran por correo, según establece la juez de la operación Santiago-Rusadir en un auto del 8 de junio del pasado año. Mediante este documento oficial las magistrada también instaba al presidente de la Ciudad Autónoma de entonces, Eduardo de Castro, a suspender el pago a una serie de personas físicas y jurídicas por presunto fraude en la contratación.
La idea por la que se crea el "bot" sería, de acuerdo con la juez, controlar a la población que no había solicitado el voto por correo "y conducirlas hasta la mesa electoral mediante la compra de su voto, el ofrecimiento de cualquier tipo de beneficio (promesa de un empleo) o el uso de la violencia o intimidación". Así consta en el sumario de la citada operación, donde se habla, igualmente, de que ese "bot" habría sido creado "obteniendo los datos de forma ilícita del padrón y del censo electoral" de Melilla.
El funcionamiento del "bot" tenía como objetivo la generación de un archivo para abrir una ficha personal en la que se incluían los datos personales procedentes del padrón, el colegio electoral y otros datos como a quién vota, si se le ha pagado, familiares mayores de edad y otras cuestiones. Cabe resaltar en ese sentido que la juez asegura que existen "indicios suficientes" para atribuir su creación al exconsejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-lal.
El auto judicial señala que el uso de ese "bot" era "imprescindible" para la jornada de votaciones. Según se explica en el documento, existía "un plan preestablecido que ya ocurrió en las elecciones de 2019 de acudir puerta a puerta con los datos aportados por el "bot" para sacar a la gente de sus casas con intimidación, ofrecimiento de algún beneficio o entrega de remuneración, trasladándoles con "taxis piratas" hasta el colegio electoral mediante una lista actualizable en tiempo real".
En ese mismo auto, la juez relaciona a las personas físicas (quince) y jurídicas (seis) que habrían obtenido contratos supuestamente fraudulentos con la Consejería de Distritos dentro de lo que fueron los presupuestos participativos correspondientes al período 2022-2023 y para las que pedía la suspensión de los pagos y transferencias pendientes por parte de la Ciudad Autónoma.
La magistrada de la operación Santiago-Rusadir, tal y como figura en el sumario, considera que de los oficios librados y las diligencias de investigación practicadas resultan "indicios suficientes de la existencia de una organización criminal que, utilizando la estructura de un partido político, en concreto bajo las siglas de Coalición por Melilla, de forma organizada y planificada, existiendo una distribución de funciones entre las personas involucradas, habrían configurado todo un entramado delictivo para mantenerse en el poder utilizando las consejerías controladas por miembros del partido para la concesión de contratos públicos con los que obtener un lucro para sí, sus allegados, personas que en las elecciones pasadas colaboraron en la compra de voto por correo o las que están colaborando a día de hoy con la compra de dichos votos para las próximas elecciones", apunta.
Asimismo, hace referencia a la aportación "de grandes cantidades de dinero" por empresarios melillenses para "subvencionar la compra de votos por correo" que "luego se verían beneficiados en la contratación pública".
Es en este punto donde la magistrada indica que la "organización criminal se estructura en cuatro niveles: A, B, C y D" siendo "una jerarquía descendiente". Arriba de la pirámide se encontrarían "los cargos del partido" que no se implicarían directamente en la compra de votos "por medio de violencia o coacción que otros miembros de escalones inferiores sí llegan a ejercer". Ahí estarían también ciertos empresarios locales o "fundaciones afines al partido"; la juez cita expresamente en este caso a la Comisión Islámica.
El escalón B estarían las personas de la máxima confianza de los miembros del apartado A. "Son de la máxima confianza e incluso con lazos familiares que conocen muy bien la calle ya que varias de ellas tienen antecedentes policiales". Sus funciones, "buscar y contratar a los miembros del escalón C, compra directa de votos, puntos de control y captación en sus barrios y controlan los establecimientos comerciales en los sectores".
En el nivel C, por su parte, están "personas afines al partido" que "son contratadas para que manejen directamente los barrios marginales". "Son personas que residen en dichos barrios y a las que los lugareños temen porque saben de sus antecedentes penales, la mayoría por delitos violentos". "Se dedican a captar votantes o forzarlos mediante intimidación y violencia en caso de que no quieran colaborar vendiendo su voto a CpM".
Y en la base de la pirámide están individuos "con antecedentes penales a las que el partido contrata para la ocasión pagándoles una cantidad sin declarar que está proporcionalmente relacionada con la cantidad de votos por correo que consigan para CpM". Los votos que consiguen se entregan a los escalones superiores "que son los que almacenan el grueso de los votos a la espera de poder entregarlo en alguna oficina de Correos", subraya el auto judicial.
¿CpM solo? Cada vez que hay elecciones en Melilla es un escándalo. Algunos no se creen ni ellos el resultado de las últimas. No ha más ciego que el que no quiere ver...