Continúan las detenciones y declaraciones judiciales por la Operación “Santiago-Rusadir”

La Operación “Santiago-Rusadir” avanza con nuevos movimientos judiciales. En los últimos días, se han intensificado las declaraciones en sede policial de personas investigadas en el marco de esta causa por corrupción política, que involucra a los principales dirigentes de Coalición por Melilla (CpM), incluido su líder y expresidente de la Ciudad Autónoma, Mustafa Aberchán.

Fuentes bien informadas han confirmado a El Faro de Melilla que uno de los próximos citados a declarar en calidad de detenido es un miembro del equipo de comunicación de CpM. Su comparecencia está prevista para este jueves en la Jefatura Superior de Policía, antes de pasar, previsiblemente, a disposición judicial. Esta persona estaría siendo investigada por sus vinculaciones con la trama en cuestiones como fraude en la contratación.

Además, se le considera como presunto autor de la creación y difusión de contenido audiovisual y digital, incluidos vídeos y memes, que tendrían como objetivo desacreditar públicamente a destacados representantes del Partido Popular, como Juan José Imbroda y Miguel Marín. Todo ello bajo consignas de la dirección de CpM.

Investigación compleja

La instrucción de esta pieza judicial, la principal de la Operación “Santiago-Rusadir”, se basa en una investigación compleja sobre una presunta organización criminal dedicada al desvío de fondos públicos, utilizados supuestamente para pagar comisiones ilegales y, en particular, para la compra de votos en procesos electorales. Según los datos recabados por este medio, las diligencias se centran ahora en perfilar las responsabilidades individuales en distintos niveles de la supuesta trama.

Entre los investigados también figuran un número no determinado de taxistas que, según fuentes consultadas, habrían colaborado con CpM durante las elecciones de 2019. Estas personas habrían sido interrogadas en relación con su papel en el traslado de votantes desde barrios periféricos, mayoritariamente de población musulmana, hacia sus respectivos colegios electorales. Este servicio, que habría sido coordinado con recursos públicos o mediante contraprestaciones no autorizadas, es uno de los ejes de la investigación sobre compra de votos.

La juez instructora del caso mantiene activa una investigación que, en su conjunto, ya acumula al menos 33 personas investigadas y una ingente cantidad de documentación administrativa bajo revisión. Según fuentes cercanas al procedimiento, está previsto que esta primera pieza de la causa, que se centra en la estructura política y administrativa vinculada a CpM, quede cerrada a mediados del próximo año 2026.

Cabe recordar que la pertenencia a organización criminal, uno de los delitos que se imputa a los principales encausados, conlleva penas de prisión de entre cuatro y ocho años, sin contar con otros posibles delitos que podrían ser acumulativos, como prevaricación, fraude en la contratación pública, falsedad documental, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

Piezas separadas

La magnitud del caso ha obligado a dividir la investigación en varias piezas separadas, lo que permite avanzar en fases específicas del proceso mientras se mantienen abiertas otras líneas de actuación judicial. Esta estrategia pretende evitar la paralización del conjunto de la causa y facilitar el análisis detallado de cada vertiente de la presunta trama delictiva.

Entre los antecedentes más relevantes, destaca la decisión judicial de embargar más de dos millones de euros al líder cepemista, Mustafa Aberchán, como medida cautelar. Esta decisión fue adoptada tras detectarse presuntos movimientos irregulares de fondos, en el marco de contratos adjudicados durante el periodo de mandato de CpM en el Gobierno local.

Asimismo, se han impuesto medidas cautelares a los cinco principales dirigentes de CpM investigados en la causa, quienes deben entregar sus pasaportes y comparecer dos veces al mes en los juzgados como condición para mantener su libertad provisional.

Estas medidas fueron acordadas por la juez instructora, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, tras considerar que existía riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, y tras haber ordenado el ingreso en prisión de cuatro exconsejeros: Ahmed Al-Lal (Distritos), que se encontraba en Granada; Dunia Almansouri (Hacienda, entre otras responsabilidades); Rachid Bussian (Infraestructura y Deporte); y Hassan Mohatar (Medio Ambiente). Igualmente entraron en prisión Mustafa Aberchán (lo hizo en Santander, donde se encontraba en un congreso médico en el momento de la detención) y la expresidenta de Emvismesa, Yonaida Selam, que salió bajo fianza.

Contratos públicos

Otra arista fundamental de la investigación es la revisión de más de 350 contratos públicos, por un valor superior a los 78 millones de euros, adjudicados durante los últimos años a través de procedimientos que están siendo cuestionados por posibles irregularidades o amaños. Los investigadores analizan si estos contratos fueron utilizados para desviar fondos que terminaron siendo empleados con fines ilícitos, entre ellos, el presunto pago de comisiones y el financiamiento de campañas de captación de votos.

Las fuentes consultadas señalan que la complejidad del caso radica tanto en la diversidad de delitos investigados como en la presunta existencia de una red estructurada que operaba desde el ámbito institucional para facilitar esas prácticas ilícitas. La aparición de piezas separadas dentro de la Operación “Santiago-Rusadir” podría dilatar aún más el cierre total de la instrucción, ya que algunas líneas de investigación apenas comienzan a arrojar resultados preliminares.

El desarrollo del caso mantiene en tensión al panorama político local. CpM ha visto seriamente dañada su imagen pública, al tiempo que la oposición ha intensificado sus críticas y exigencias de transparencia. Por su parte, desde el partido cepemista se ha reiterado en varias ocasiones la presunción de inocencia de sus dirigentes y se ha denunciado una supuesta persecución política.

Mientras tanto, la Jefatura Superior de Policía mantiene activas las tomas de declaración de investigados y testigos. Según las fuentes, este proceso se prolongará durante las próximas semanas, con especial atención a los vínculos entre las actividades del partido y los recursos públicos supuestamente desviados.

Fiscalía anticorrupción

En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción ha asumido formalmente la dirección de las diligencias relativas a la compra de votos en Melilla. Tal y como informó El Faro de Melilla, esta intervención refuerza el carácter prioritario y de alta complejidad de la causa. El Ministerio Público considera que los hechos investigados afectan gravemente al interés general, al implicar no solo el desvío de fondos públicos, sino también una posible alteración de los resultados electorales mediante métodos ilegales de captación del voto.

Este movimiento institucional evidencia la relevancia nacional del caso y anticipa una fase más rigurosa en la instrucción, en la que se espera una mayor coordinación entre cuerpos policiales, la administración judicial y la propia Fiscalía. Con Anticorrupción al frente, se intensificará la búsqueda de indicios y responsabilidades penales no solo en el ámbito político, sino también en el administrativo y empresarial, ampliando el enfoque de la investigación a todos los beneficiarios potenciales de la presunta red de corrupción.

La investigación continúa abierta y se espera que, en los próximos meses, se produzcan nuevas imputaciones y avances en las distintas piezas separadas del caso. La Operación “Santiago-Rusadir” se consolida como una de las causas judiciales por corrupción más relevantes en la historia reciente de Melilla, tanto por la magnitud de los fondos públicos investigados como por la implicación directa de destacados representantes de la vida política local.