Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) de Andalucía, Ceuta y Melilla han expuesto los "abusos" laborales que han sufrido técnicos de Educación Infantil a través del "equipo de Gobierno" de la Ciudad Autónoma de Melilla, no sin anunciar "movilizaciones inminentes", que podrían comenzar incluso "durante los días de feria".
El sindicato, que ha dicho que este jueves determinará en una asamblea virtual cuál será "la hoja de ruta" de las referidas concentraciones, que previó desde el pasado 13 de julio ante el palacio de la Asamblea de Melilla, ha denunciado concretamente las "graves irregularidades en materia de Seguridad Social", el "cómputo irregular de la antigüedad que les corresponde a efectos de méritos para concursos en Ofertas de Empleo Público (OEP)" y la "falta de abono de las cuantías correspondientes por trienios".
Para CGT, estas afectaciones derivadas de la actuación empresarial de la Ciudad Autónoma para con sus trabajadoras y trabajadores "contraviene la legalidad vigente en materia de Seguridad Social, el Convenio Colectivo para el personal funcionario y laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla, y el resto de normas legales de pertinente aplicación".
A tenor con los sindicalistas, el panorama anterior produce "graves daños laborales y económicos" a técnicos de Educación Infantil, por lo que han pedido "la intervención de la Inspección de Trabajo" a los efectos de que se corrijan" estas "gravísimas situaciones".
Además, ante "el nuevo llamamiento que se está realizando en estos días al personal de la bolsa de técnicos de Educación Infantil para cubrir al menos 75 plazas durante el curso 2022/2023", desde CGT han exigido "luz y taquígrafos para evitar tratos de favor y discriminaciones desfavorables", y han precisado que se reservan "las actuaciones legales en caso de que, como se nos viene informando, se estén realizando oscuras maniobras de colocación".
Según ha ampliado CGT, las alarmas saltaron cuando, "al evaluar distintas vidas laborales de técnicos de Educación Infantil, se observó que no figuran como trabajados todos los días que han tenido contrato en vigor". Por ende, se notó una reducción "muy apreciable" del número de días cotizados, lo que implica que, "a los efectos de prestaciones y de futura jubilación, están sufriendo una terrible merma en sus derechos".
En igual sentido, como ejemplo han puesto un contrato que comenzó el 7 de septiembre de 2021 y terminó el 23 de junio pasado, en el que figuran como de alta 155 días de vida laboral, cuando en realidad, "entre el inicio y fin de la relación contractual, han transcurrido de alta en la Seguridad Social un total de 289 días". Esto, han señalado, supone "un atraco en toda regla a los derechos" de trabajadoras y trabajadores.
Sobre la merma en el cómputo de las jornadas realmente trabajadas por técnicos educativos, han ampliado que no sólo tiene "un efecto nocivo en sus retribuciones a los efectos del percibo de las cuantías" por trienio, sino que provoca "un daño letal" a sus intereses, al "restarles puntuación por méritos ligados a la experiencia y la antigüedad para concurrir a las OEP de esa o cualquier otra Administración Pública".
