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CEAR pide poner fin a las devoluciones sumarias de personas que llegan a Melilla

También creen que hay que evitar la estancia prolongada en centros de acogida

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha pedido en su último informe poner fin a las devoluciones sumarias de personas que llegan a Ceuta y Melilla y a los islotes.

“En Melilla, al igual que en años anteriores, se siguieron produciendo devoluciones sumarias. En la madrugada del 15 de junio, más de 150 personas entraron a Melilla por el Dique Sur, siendo retenidas por la Guardia Civil y finalmente devueltas a Marruecos”, subrayan.

Asimismo, añaden que se produjeron devoluciones sin procedimiento de grupos de personas llegados a territorio español. El 20 de septiembre, 125 personas llegaron al Peñón de Vélez de la Gomera.

En su último informe sobre inmigración, desde CEAR solicitan también garantizar que la aplicación de la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería es plenamente acorde con la normativa internacional sobre protección de los derechos humanos suscrita por España.

En una serie de propuestas que hacen a las autoridades, creen que hay que evitar la estancia prolongada en macro campamentos de acogida y agilizar los traslados a la península de las personas migrantes llegadas a Canarias, a Ceuta o Melilla.

A lo largo del informe, explican que la llegada de personas migrantes a Melilla, sin embargo, disminuyó un 23,27% en 2021 con respecto al año anterior, siendo 1.092 las personas que llegaron por vía terrestre y 39 personas por vía marítima176.

Explican que estando cerrada la frontera, todas las llegadas por vía terrestre se llevaron a cabo mediante saltos a la valla.

Reparto equitativo

Además, dado el embolsamiento de personas en lugares como Canarias o Melilla, piden diseñar mecanismos de distribución territorial equitativos que aseguren el cumplimiento de la responsabilidad derivada de las obligaciones internacionales independientemente de los contextos territoriales y que garanticen un equilibrio en la atención a personas atendidas en el sistema de protección internacional y en la respuesta a emergencias humanitarias.

Es por ello que recalcan que las autoridades deben incorporar criterios equitativos y justos en la asignación de plazas, atención a situaciones de vulnerabilidad social y económica y tratamiento de las necesidades particulares de acogida.

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