El Consejo de Ministros aprobó, en diciembre del año pasado, incorporar, en el ámbito de la Función Pública, medidas legislativas centradas en la reforma de ese ámbito y en la labor de quienes trabajan en la Administración General del Estado. Un plan con el que se da cumplimiento al Hito 148 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), al incluir una renovación de la planificación, organización y gestión de los recursos humanos, el refuerzo a la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos o la regulación de la evaluación del desempeño. A esto hay que sumar cambios en el acceso a puestos de alto funcionario, para que prevalezcan los criterios de mérito y competencia.
Además, se incluyen dos órdenes ministeriales referidas a dos cuestiones que formaban parte de los compromisos del Gobierno de España y la Secretaría de Estado de Función Pública. Por un lado, se impulsa la planificación estratégica de los recursos humanos, con planes de ámbito general de cuatro años de duración, otros específicos, junto a otros de reestructuración de sectores concretos. Por otro, se regula la figura del directivo público profesional en la Administración del Estado.
Dichas reformas ya formaban parte del anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, que decayó como consecuencia de la convocatoria de elecciones. Para dar cumplimiento al Hito del PRTR, se ha incorporado esta reforma vinculada al sector público en el Libro Segundo de este Real Decreto-ley.
Esto da como resultado un conjunto normativo cohesionado y sistemático en el empleo público que continúa una ambiciosa reforma, que fue avalada por los sindicatos tras las conversaciones en el ámbito de diálogo social. Circunstancia que evidenció el compromiso negociador del Gobierno en lo relativo al sector público.
De esta manera, se cumple en tiempo y forma con lo dispuesto en el Plan de Recuperación en el ámbito de la Función Pública. Unas reformas que, según el Gobierno central, demuestran el compromiso de España con la Unión Europea para la transformación del sector público. La atracción del talento, retener esos perfiles destacados y reforzar la profesionalización de la Administración son las bases de este diseño, agrega.
No cambia nada
En cualquier caso, para los sindicatos no cambia nada. Así lo ha expresado, al menos, el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Melilla, Francisco López, para quien el modelo para los funcionarios “sigue siendo el mismo” aunque vayan sacando nuevas leyes.
Por ejemplo, las evaluaciones y el cobro por productividad, ha dicho, existen desde hace “mucho tiempo”, sólo que ahora se puede apartar a un trabajador y, “como a cualquiera que deja de hacer sus funciones y no hace bien las cosas”, le pueden abrir un expediente o cambiarlo de destino.
“Pero no es una modalidad nueva, sino que se trata de aplicar lo que ponía el Estatuto Básico del Empleado Público”, ha explicado. Es decir, que de lo que se trata, ni más ni menos, es de aplicar las medidas que en ese texto se recogen, algunas de las cuales no se habían puesto en práctica hasta ahora o, cuanto menos, su aplicación había sido “muy difusa”.
