Blas Jesús Imbroda, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla y una de las pocas figuras del derecho español acreditadas ante la Corte Penal Internacional (CPI), considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería entregar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional (CPI) para que sea juzgado por crímenes de lesa humanidad. Así lo ha manifestado en declaraciones recogidas por el medio jurídico Law&Trends, en las que analiza la reciente detención del líder venezolano en territorio estadounidense.
Imbroda, también presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, se ha mostrado muy crítico con la actuación de la Fiscalía de la CPI, a la que responsabiliza de no haber solicitado aún una orden internacional de detención contra Maduro. “Es un error que la Corte Penal Internacional no haya extendido una orden de detención contra Maduro por los crímenes de lesa humanidad por los que tiene pendiente responder”, afirmó.
La detención de Maduro, llevada a cabo recientemente en Caracas por fuerzas estadounidenses, ha desembocado en un proceso judicial ante un tribunal federal en Nueva York. Según la información disponible, Maduro fue arrestado junto a su esposa, Cilia Flores, y ambos han sido acusados de delitos de narcotráfico y tenencia de armas. Pese a declararse inocentes, ambos permanecen en prisión a la espera de una nueva audiencia prevista para el 17 de marzo.
A juicio de Imbroda, la CPI debería haber actuado mucho antes. “El caso de Venezuela se empieza a tramitar en febrero del 2018. Cumpliremos siete años de procedimiento y a día de hoy no hay una solicitud de una orden internacional de detención contra Maduro”, explicó el jurista, quien recuerda que la institución internacional cuenta con numerosas pruebas aportadas por distintos organismos y por la exfiscal general de Venezuela.
En este sentido, subraya que la situación en Venezuela cumple con los elementos propios de los crímenes de lesa humanidad. “En ese país se produce un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, enmarcado en un plan consentido y organizado desde los aparatos del poder”, dijo. Entre las conductas denunciadas se incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, persecuciones políticas y desplazamientos masivos de población hacia países vecinos.
El letrado melillense también destacó el trabajo de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, los cuales han recopilado informes e investigaciones que avalan la existencia de crímenes graves bajo el régimen de Maduro.
Ante la falta de actuación de la CPI, el jurista considera que la comunidad internacional debería cuestionarse si existen mecanismos eficaces para hacer cumplir las órdenes de detención sin recurrir a operaciones militares unilaterales. “Tendrían que existir otros procedimientos u otros instrumentos internacionales para que no fuera necesario este tipo de actos bélicos como el que se ha vivido en Venezuela”, expresó.
También se pronunció sobre la legitimidad de ciertos actores internacionales para intervenir en el caso. En su opinión, países como Rusia, Irán o China no están en condiciones de invocar principios de derecho internacional dada su trayectoria en violaciones a los derechos humanos. “Rusia no está legitimada para hablar. Actualmente asesina a la población civil de Ucrania”, declaró en la entrevista.
Imbroda considera que la CPI debe solicitar la entrega de Maduro a Estados Unidos como parte de su responsabilidad institucional. Sin embargo, reconoce las dificultades, ya que Estados Unidos, bajo la administración Trump, no ha respaldado la labor de este tribunal e incluso ha adoptado medidas contra algunos de sus magistrados.
En ese contexto, el abogado español hace un llamado a reforzar los mecanismos de justicia internacional y a la cooperación de los Estados. “El concierto internacional necesita que las organizaciones internacionales tengan instrumentos eficaces y que los tribunales penales internacionales cuenten con la cooperación de todos los Estados”, concluyó.
Para este letrado, con más de treinta años de experiencia en el ámbito del derecho penal y la protección internacional, solo un compromiso colectivo podrá poner fin a la impunidad en casos como el de Venezuela.
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