La Defensora del Pueblo atiende así la demanda de ONGs y partidos políticos que denuncian que se ha incumplido la Ley de Extranjería con los ocupantes de Isla de Tierra.
El traslado de los 73 inmigrantes que se encontraban en la Isla de Tierra, de soberanía española, a Marruecos ha provocado la denuncia de varias organizaciones y también de algunos partidos políticos, que consideran esta medida como una ilegalidad, por cuanto, según su criterio, no se ha aplicado la Ley de Extranjería. Este hecho ha supuesto que la Defensora del Pueblo, cargo que ocupa Soledad Becerril, haya abierto una investigación ante la Secretaría de Estado de Seguridad, con el fin de conocer los detalles de esta expulsión.
El objeto de la investigación es precisamente para pedir explicaciones de las circunstancias que rodearon esta entrega de inmigrantes subsaharianos a Marruecos, y para esclarecer, si como denuncian las ONGs y los partidos políticos, se han producido irregularidades.
El traslado de los inmigrantes a Marruecos se produjo en la madrugada del pasado martes, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno español y el marroquí. Según éste, España acogió a diez personas, ocho menores y dos mujeres, atendiendo a que era el colectivo más vulnerable. Por su parte, Marruecos se hacía cargo del resto, en total 73 inmigrantes, resultado de las dos llegadas que se produjeron a la Isla de Tierra, que forma parte del archipiélago de Alhucemas, pero que se encuentra a escasos 30 metros de la costa marroquí.
La denuncia de las ONGs y de partidos políticos se fundamenta en que el Ministerio del Interior vulneró la Ley de Extranjería, al ejecutar una devolución colectiva, cuando la normativa española prevé que las deportaciones han de estudiarse caso por caso y con una serie de garantías, como el acceso a un abogado y un intérprete.
También denuncian que no se tuvieron en cuenta ni los convenios internacionales de Derechos Humanos ni la legislación nacional en materia de asilo, pues no se ofreció a estas personas la oportunidad de solicitar protección internacional.
Entre los partidos que también han manifestado la posiblidad de que se hayan cometido irregularidades en la entrega de inmigrantes a Marruecos se encuentra Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ayer, en un comunicado de prensa, demandaba del Gobierno una explicación “urgente” sobre “su actuación, procedimiento y los supuestos acuerdos con Marruecos”. El coordinador de la formación política en Melilla, Emilio Guerra, consideró “que siempre debe guiarnos el respeto por los derechos humanos y la legislación vigente”, y en los mismos términos que se han manifestado otras formaciones políticas, incluso el delegado del Gobierno en Melilla, Guerra reclamó la implicar de lleno de la UE y sus instituciones en lo que ahora es “sólo una cuestión bilateral España-Marruecos y de donde siempre salimos perdiendo”.
Atención
En su demanda a la Secretaría de Estado de Seguridad, Becerril también pregunta por la atención que recibieron estas personas durante los días que permanecieron en la isla, aunque al respecto, el Gobierno de España ya informó que la guarnición española que se encuentra en el Peñón de Alhucemas había facilitado comida, bebida y agua a todos ellos.
De este modo, se interesa tanto por el trato a los 73 migrantes que fueron expulsados a Marruecos como por el que recibieron las mujeres embarazadas y los niños que finalmente se enviaron a Melilla.
Marruecos expulsa a otro grupo de 35 subsaharianos a la frontera con Argelia
Un grupo de 35 emigrantes subsaharianos, que pretendían entrar en Melilla a través de Nador, fueron expulsados anteanoche por la Gendarmería de Marruecos a la frontera con Argelia.
Según Hasan Amari, representante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en la localidad de Oujda, junto a la frontera con Argelia, este grupo de subsaharianos -en su mayoría de nacionalidad senegalesa y camerunesa- fueron trasladados desde Nador, cercana a la ciudad española de Melilla.
Por otra parte, un grupo de 20 emigrantes subsaharianos, de los refugiados en el bosque Sidi Maafa (al sur de Oujda), se dirigieron ayer a diferentes centros sanitarios de la ciudad por su complicado estado de salud y por estar heridos, mientras que otros 25 fueron atendidos por la organización Médicos Sin Fronteras.
Hace tres días, otro grupo de 150 emigrantes subsaharianos fueron deportados a la frontera con Argelia –país desde el que se supone que habían entrado en Marruecos–, explicó Amari, que añadió que entre ellos estaban los subsaharianos desalojados el pasado martes de la Isla de Tierra.
Sin embargo, la mayoría de los emigrantes expulsados vuelven a entrar en Marruecos.
Tras el suceso de la isla de Tierra, el Gobierno marroquí ha reforzado la presencia policial ante las islas y posesiones españolas en el norte de la costa marroquí para evitar las llegadas masivas de emigrantes subsaharianos.
