Azmani habla de "fraude de ley" en el nombramiento de una secretaria técnica

El presidente de Somos Melilla y diputado local, Amín Azmani, ha denunciado un presunto “fraude de ley” en el nombramiento de la Secretaría Técnica accidental de la Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza, tras detectar, según afirma, una maniobra del Gobierno local para eludir la normativa vigente mediante la gestión de los tiempos de publicación en el Boletín Oficial de Melilla (BOME).

Según expone la formación, el Ejecutivo presidido por Juan José Imbroda firmó el 9 de marzo de 2026 dos decretos: uno para el nombramiento de una funcionaria del subgrupo A2 en dicho puesto y otro para ordenar la publicación de la modificación del Reglamento del Gobierno y de la Administración (REGA). Esta reforma establece, en su artículo 52.3, que este tipo de suplencias deben recaer obligatoriamente en personal del subgrupo A1.

Siempre según Somos Melilla, el Gobierno publicó el decreto de nombramiento el 10 de marzo, un día antes de la publicación del nuevo reglamento, que se produjo el 11 de marzo y entró en vigor al día siguiente. La formación sostiene que esta secuencia permitió validar un nombramiento que, con la normativa ya vigente, no habría sido posible.

Azmani asegura que el Ejecutivo era consciente del contenido de la nueva regulación, aprobada previamente por el Pleno, y considera que la actuación responde a una estrategia para “esquivar su propia norma”. En este sentido, califica lo ocurrido como “un fraude de ley de manual”.

La denuncia también se extiende al contenido del decreto de nombramiento, que, según la formación, limita de forma indebida el derecho a recurso. En concreto, el documento señala que el acto agota la vía administrativa y que no cabe interponer recursos en dicha vía, citando el artículo 122.3 de la Ley 39/2015.

Sin embargo, Somos Melilla sostiene que esta afirmación es incorrecta, al entender que el propio REGA reconoce la posibilidad de interponer recurso potestativo de reposición contra este tipo de actos. Azmani afirma que esta advertencia “suprime derechos fundamentales” y acusa al Ejecutivo de intentar “blindar” la decisión adoptada.

Ante esta situación, el partido exige al Gobierno local que rectifique el nombramiento para evitar, según advierte, posibles consecuencias jurídicas en los expedientes que se tramiten en la Consejería de Medio Ambiente.