La Fiscalía Europea se hará cargo de la parte del caso mediador relacionada con el exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha aceptado la solicitud de la Fiscalía Europea para investigar esta parte del caso, que involucra la gestión del exgeneral en relación a los contratos del proyecto Gar-Si Sahel, financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), de la que el exgeneral era el máximo responsable.
La magistrada instructora ha puesto a disposición de la Fiscalía Europea las actuaciones y al propio exgeneral, para que se investigue su situación personal y se decida si debe continuar en prisión preventiva o no. Además, la investigación también se refiere a la supuesta participación del empresario José S.E. en actividades delictivas relacionadas con estos contratos de fondos comunitarios.
El Juzgado continuará con el conocimiento del resto de la causa, mientras que la Fiscalía Europea se encargará de la investigación y la autoridad competente para resolver sobre la situación personal del exgeneral.
El hecho de que la Fiscalía Europea se haya interesado por personarse en una parte de este caso evidencia una vez más nuestras denuncias y demuestra que la corrupción en la Guardia Civil no son casos aislados sino sucesos que estaban normalizados y que necesitan la implantación de medidas urgentes para combatir la corruptela en el Cuerpo.
Por ello, AUGC se personará en las diligencias que va abrir la Fiscalía Europea en relación con la querella derivada de la causa ‘Mediador’ sobre los cuatro contratos relativos al proyecto GAR- SI SAHEL financiado por la Comisión Europea en la que su máximo responsable era el investigado general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa y lo va a hacer, porque entiende que hay una serie de intereses que deben ser defendidos por AUGC como asociación profesional, ya que la imagen de la Guardia Civil y de los hombres y mujeres que la integran se ha visto seriamente afectada.
Acción que también es puesta en marcha porque hay cuestiones que afectan a la utilización de medios públicos y los equipos que se han puesto a disposición de los componentes de la Guardia Civil y que han participado en el dispositivo ligado a los citados contratos.
En definitiva, consideramos que se ha afectado a la deontología profesional negativamente que debe presidir la actuación de todo miembro del Cuerpo. Y, por lo tanto estos bienes y derechos se han visto afectados directamente por los hechos que van a ser objeto de investigación.
