Los especialistas del Servicio de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, incluidos los de Melilla, “precisarán” de la utilización de un gorro cuando se vistan de uniforme durante el desempeño de sus funciones. De este modo justifica la Dirección General de la Guardia Civil la adquisición prevista de 5.065 prendas para la cabeza. El coste total estimado, con IVA incluido, es de 107.251,38 euros –alrededor de 20 euros cada uno.- Sin embargo, se trata de una uniformidad que, a día de hoy, ni está regulada ni hay previsión de que se vaya a hacer.
Tal y como indica el Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil en un informe para justificar el objeto del contrato, la Junta Permanente de Uniformidad se reunió el 29 de septiembre del pasado año. Los presentes aprobaron por unanimidad la modificación de la Orden General 12/2009 de uniformidad, de 28 de diciembre. De este modo, quedaría incluido el gorro de la licitación mediante una adaptación del módulo relativo a las prendas de la especialidad de Fiscal y Fronteras. La citada Junta no tiene competencia para establecer esta regulación y en el proyecto de Orden Ministerial que aprueba la uniformidad de la Guardia Civil no hay referencia sobre la citada prenda. Hace menos de un mes que este proyecto de Orden se encuentra en audiencia tras pasar por el Consejo de la Guardia Civil y el único gorro que reconoce es el cuartelero, portado con el uniforme del interior del acuartelamiento. La normativa que está en trámite de audiencia por el Ministerio del Interior tampoco hace referencia a la prenda licitada para la especialidad.
Por todo lo expuesto, cabe afirmar que hay una licitación abierta para la compra de unos gorros que no están regulados ni en el proyecto de Orden que recoge todas las prendas del Instituto Armado y que, a día de hoy, tampoco hay nada previsto para su regulación. Cuando la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil procedió a dar publicidad a la licitación el 22 de abril de este año, el día 23 la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) descargó de la Intranet corporativa el proyecto de Orden General. La normativa no disponía de actualización alguna, por lo que, sin establecer legalmente nada sobre estos gorros del Servicio de Fiscal y Fronteras, se preparó y publicitó el anuncio de compra. Este gasto de dinero público podría conllevar consecuencias legales, ya que existe la pretensión de emplearlo en algo que no está regulado legalmente. Incluso a pesar de que el coste previsto es de más de 100.000 euros, la prenda se excluye de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de la Guardia Civil.
Como se puede comprobar, a las 10:00 finaliza el plazo para que las empresas presenten las ofertas para la licitación. El anuncio, el pliego, la memoria y los acuerdos se colocaron en la plataforma el día 22 de abril, a excepción de un documento: El anexo técnico. Tres días más tarde, el 25 de abril y después de remitir un escrito sobre el asunto a la Directora General de la Guardia Civil, el anexo apareció en la Plataforma. Se añadió porque la Asociación Unificada de Guardias Civiles pidió a la Dirección que explicase cómo era posible que desde día 23 –al menos–, un día después de anunciarse la licitación, la tienda “Ángel Gabardós”, especializada en gorras y complementos y fabricante oficial de algunas prendas para la Guardia Civil, ya dispusiera en su web de un diseño del gorro del Servicio de Fiscal y Fronteras si no había nada establecido ni pública ni oficialmente.
