La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha celebrado un encuentro institucional con el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey Varela, y con el senador del Partido Popular Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, en una reunión centrada en analizar la situación actual que atraviesan los miembros de las Fuerzas Armadas. En representación de la organización acudieron su presidente, Marco Antonio Gómez, y el vicepresidente, Casiano Sánchez, quienes trasladaron a los senadores un documento detallado con las principales preocupaciones del colectivo.
La reunión, desarrollada en un clima de diálogo y receptividad, permitió a ATME exponer de manera directa las dificultades que, a su juicio, afectan especialmente a la escala de Tropa y Marinería. Los representantes asociativos agradecieron la disposición mostrada por los miembros de la Cámara Alta para escuchar sus planteamientos y estudiar posibles vías de mejora en cuestiones que consideran prioritarias.
El contenido del encuentro giró en torno a tres asuntos fundamentales: la estructura salarial del personal militar, el problema de la temporalidad derivado del actual modelo de carrera y la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes del Personal Militar.
En materia retributiva, ATME subrayó que la situación salarial de los soldados y marineros requiere una revisión inmediata. Durante la conversación se puso sobre la mesa que la diferencia entre el sueldo base de un militar de tropa y el Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en torno a los cien euros, una distancia que calificaron de claramente insuficiente. Desde la Comisión de Defensa se compartió la preocupación por esta realidad, señalando que resulta problemática si se tiene en cuenta la responsabilidad y disponibilidad permanente que exige la profesión militar.
Según trasladó la asociación, la actual configuración de los salarios no se corresponde con las exigencias del servicio ni con el contexto económico actual. ATME defendió que es imprescindible impulsar una reforma que permita actualizar las retribuciones, especialmente en los empleos más bajos del escalafón, donde la escasa remuneración estaría generando dificultades para cubrir todas las plazas ofertadas. A su juicio, la falta de incentivos económicos adecuados repercute de forma directa en la captación y fidelización de efectivos.
Otro de los puntos centrales abordados fue la cuestión de la temporalidad. ATME alertó de que se avecina una situación delicada como consecuencia de la llegada a los 45 años de numerosos militares que ingresaron en los ciclos de los años 2000, 2001 y 2002. De acuerdo con la normativa vigente, alcanzar esa edad implica el cese en las Fuerzas Armadas para quienes no han adquirido una relación de carácter permanente, lo que afecta a un número significativo de profesionales con amplia experiencia.
La asociación defendió que el límite de edad no debería constituir un obstáculo automático para continuar en activo. En este sentido, comparó la situación con la de otros colectivos profesionales, incluidos los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con diversas ocupaciones consideradas de especial riesgo, donde no se establece una barrera de edad tan restrictiva para el desempeño del trabajo. ATME considera que mantener ese tope supone desaprovechar la capacitación y trayectoria acumulada por muchos militares.
En el transcurso del encuentro también se abordó la necesidad de actualizar la Ley Orgánica que regula los derechos y deberes del personal militar. Para la asociación, la normativa vigente presenta aspectos que consideran desfasados y que, a su entender, limitan el ejercicio efectivo de la representación profesional dentro de los acuartelamientos.
Uno de los ejemplos expuestos fue la posibilidad de acceso a las instalaciones militares por parte de empresas privadas que ofrecen productos o servicios —como seguros, artículos de descanso o formación en idiomas— mientras que las asociaciones profesionales legalmente constituidas no pueden impartir charlas informativas dirigidas a soldados y marineros. ATME calificó esta situación de incoherente y defendió que debería garantizarse la presencia de las asociaciones para informar sobre los derechos y obligaciones del personal.
Además, la organización planteó la conveniencia de que los representantes de los militares sean elegidos mediante sufragio, reforzando así la legitimidad de quienes integran los órganos de interlocución. También solicitó una revisión del funcionamiento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, foro en el que, según señalaron, no se ha producido la participación de la ministra de Defensa desde hace años, lo que interpretan como una muestra de falta de atención hacia este órgano.
Al término de la reunión, ATME expresó su agradecimiento tanto al presidente de la Comisión de Defensa como al senador Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu por la receptividad mostrada y por su disposición a mantener futuros contactos que permitan dar seguimiento a las cuestiones planteadas. La asociación valoró positivamente la posibilidad de continuar trasladando sus propuestas en el ámbito parlamentario.
Asimismo, quiso destacar el papel desempeñado por Julio San Martín Viscasillas, cuya labor de interlocución fue determinante para la celebración del encuentro. Desde ATME subrayaron su implicación constante y su compromiso para facilitar espacios de diálogo que permitan avanzar en la mejora de las condiciones profesionales del personal de tropa y marinería.
Con esta reunión, la asociación reafirma su intención de continuar defendiendo ante las instituciones la necesidad de abordar reformas estructurales que, en su opinión, resultan imprescindibles para garantizar unas condiciones laborales y profesionales acordes con la responsabilidad que asumen los integrantes de las Fuerzas Armadas.