Estimada directora provincial.
Estos días ha dado comienzo el proceso de matriculación para nuevo alumnado en el curso 2025-2026. Es el momento perfecto para compartir con usted y con todos los lectores de El Faro la experiencia de nuestra familia en este mismo proceso hace dos años.
Recordamos perfectamente nuestra visita al Colegio La Salle El Carmen, del que yo, Javier, soy antiguo alumno. Comprobamos la lista de admisión y fue una decepción ver cómo nuestra pequeña se quedaba fuera del centro. Desde el coche, aparcado justo frente a la estatua a San Juan Bautista, vi a Cristina bajar las escaleras del colegio visiblemente afectada. Estaba enfadada y muy indignada. No solo por quedarse nuestra hija fuera del centro, sino porque no le quisieron dar una copia de la lista ni tampoco dejaron que hiciera una foto. Una señora hizo de centinela para que no obtuviéramos, en definitiva, una resolución administrativa a la que teníamos derecho. Un documento que tampoco estaba publicado en la web del centro, tal y como marca la normativa aplicable.
¿Por qué tantos impedimentos? ¿Qué problema hay en tener una copia de la resolución de un proceso administrativo? Como periodista sé, por experiencia, que la opacidad es una señal de alarma.
La reciente sentencia 21/2025, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Melilla, condena expresamente a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla a escolarizar a nuestra hija en el Colegio La Salle El Carmen, tras anular la lista definitiva de admitidos en dicho centro por irregularidades y fraudes cometidos durante el proceso de admisión escolar correspondiente al curso 2023/2024.
Esta sentencia acredita que, al menos, dos familias llevaron a cabo un fraude deliberado, empadronándose temporalmente en domicilios próximos al colegio La Salle El Carmen, con el único propósito de obtener ventaja indebida en la baremación y, por tanto, plaza escolar en dicho centro educativo sin tener derecho a ella. Esta práctica ilegal privó injustamente a nuestra hija y a otras familias de escolarizar a sus hijos e hijas en el colegio solicitado. Nos robaron las plazas.
Resulta especialmente preocupante que estos fraudes no son aislados, sino una práctica sistemática consentida año tras año. Es innegable. Este fraude es vox populi en Melilla; ampliamente conocido y tolerado que causa un perjuicio grave y reiterado a numerosas familias. El problema es que la mayoría no llega tan lejos como para demostrarlo ante los tribunales. ¡Lógico! Esto es una lucha titánica, David contra Goliat.
Tenemos que destacarle que, antes de acudir al juzgado, agotamos la vía administrativa advirtiendo reiteradamente a la Dirección Provincial de Educación que se estaban cometiendo fraudes. Obtuvimos la callada por respuesta en dos de nuestros recursos y en el último nos dijeron que nosotros teníamos que probar el fraude aportando las pruebas. No bastaba con señalar el fraude. No bastaba con dar los nombres, apellidos y direcciones. ¡No! La Administración quería que nosotros hiciésemos su trabajo. Y no nos quedó más remedio que hacerlo.
Acudimos a la Policía Local de Melilla, ya que entre sus competencias está la de verificar la veracidad de los empadronamientos. Su respuesta fue igualmente decepcionante: afirmaron haber realizado una investigación del listado de admitidos en el Colegio La Salle-El Carmen, pero nunca concretaron en qué consistió tal investigación y se negaron a darnos los detalles. Eso sí, la conclusión fue lamentable: no observaron ninguna anomalía en ninguno de los casos y nos invitaron a ir al juzgado. Caso cerrado.
A estas alturas, solo cabe pensar que existió una manifiesta y supina incompetencia en los agentes y mandos de la Policía Local que intervinieron. A lo mejor influyó significativamente que entre las familias tramposas se encontraran dos policías locales. Uno de ellos incluso se acercó a ver el juicio, pese a que no formaba parte formalmente del procedimiento ni estaba citado. Vino como público a observar. Una vez finalizado el juicio, creyó salir victorioso con una sonrisa de oreja a oreja junto a uno de los testigos. Dejamos que sea usted y quienes lean esta carta los que saquen sus propias conclusiones.
Del mismo modo, denunciamos ante el Padrón de la Ciudad Autónoma los fraudes. Eso fue hace siete meses. Todavía no se han dignado a respondernos, pero nos imaginamos la respuesta, teniendo en cuenta los lazos familiares que hay entre el personal de la Administración y alguno de los sujetos investigados. Seguro que tampoco hay anomalías.
En cualquier caso, resulta imprescindible destacarle nuestra profunda decepción con la resolución judicial pues, aunque garantiza la plaza que legítimamente le correspondía desde un principio a nuestra hija, no supone castigo alguno a quienes perpetraron el fraude ni a los que lo permitieron por acción u omisión. Tampoco se compensa a otras familias honradas, víctimas de la misma injusticia, que perdieron su plaza en el Colegio La Salle El Carmen porque algunos sin escrúpulos decidieron hacer trampas. ¿Quién repara ahora el daño ocasionado a estas familias? El mensaje que ofrece la sentencia a la población es descorazonador: sigan haciendo trampas que no les pasará nada. Con suerte, los perjudicados tendrán que gastar tiempo, esfuerzo y dinero para reparar la injusticia. Sigan cometiendo fraudes en el padrón que la impunidad será total y absoluta. Lo siento, pero hay que reconocer que no se ha hecho justicia. ¿Puede usted resarcir al resto de familias afectadas, Sra. Treviño?
Aunque estos hechos ocurrieron bajo el mando de Juan Ángel Berbel, usted es ahora quien tiene la responsabilidad directa de terminar con estas prácticas. Nos sentimos en la obligación de exigirle públicamente que adopte inmediatamente medidas concretas para erradicar definitivamente el fraude en los procesos de admisión. Sabe usted que es un mal endémico y que no es exclusivo de La Salle El Carmen.
Deben implementarse controles rigurosos y efectivos para verificar empadronamientos y documentación, además de investigar exhaustivamente la implicación del personal docente del colegio. Es escandaloso. ¿Sabe que algunos de nuestros investigados estaban empadronados en viviendas del profesorado? ¿Es la primera vez que los profesores de La Salle El Carmen colaboran en el fraude? ¿Estamos ante un sistema bien estructurado y engrasado que lleva años haciendo trampas? ¿La Dirección del centro y la Jefatura de Estudios conocen estas prácticas o están directamente implicados? Le pedimos encarecidamente que impulse una investigación al respecto. Le garantizamos que obtendrá resultados. Esperamos una respuesta pública urgente, clara y contundente sobre las acciones que llevará a cabo para compensar a las familias afectadas y cortar de raíz todo esto. Confiamos en usted. Tiene la oportunidad de hacer lo correcto.
Queremos terminar esta carta agradeciendo a nuestro abogado, José Miguel Pérez, el trabajo excelente que ha realizado. Muchas gracias también a esas personas que nos han ido ayudando por el camino, dándonos pistas muy valiosas para tirar del hilo. Ya sabéis quienes sois.
Y ahora hablo en singular. Tengo que agradecer a Cristina su apoyo incondicional. Cuando ya había tirado la toalla con el tema consiguió empujarme para que peleara en una batalla que parecía imposible ganar. Sin su apoyo, no hubiéramos llegado hasta aquí, no hubiéramos ganado al Ministerio de Educación.
Finalmente, nos gustaría tender la mano a todos los papás y mamás que este año van a escolarizar por primera vez a sus hijos e hijas. Estaremos encantados de utilizar nuestra experiencia para ayudar en caso de que se topen con el mismo problema.
Atentamente
Cristina y Javier
