La ciudad autónoma activa esta noche un nuevo despliegue policial con motivo del fin de las Fiestas Patronales. Se trata de la llamada Operación Feriante, un dispositivo especial en el que Policía Nacional y Guardia Civil refuerzan su presencia en las zonas de desmontaje de las atracciones para impedir intentos de salida irregular de migrantes ocultos entre las estructuras que serán embarcadas rumbo a la península.
Esta operación se repite cada año tras los festejos, coincidiendo con el momento en el que los feriantes abandonan la ciudad con sus materiales. Se trata de un punto crítico en términos de seguridad fronteriza, ya que en anteriores ocasiones se ha detectado la presencia de personas escondidas entre camiones o estructuras metálicas que, de no ser interceptadas, habrían logrado salir de Melilla de forma clandestina.
Este despliegue se concentrará principalmente en la zona del desmontaje de las atracciones feriales y en el puerto, y contará con unidades especializadas en detección de personas ocultas, como perros adiestrados y escáneres móviles.
Menores que no lo son
La intensificación del control portuario se produce en un contexto nacional marcado por el debate sobre la migración de menores no acompañados. La memoria anual de la Fiscalía General del Estado, publicada esta semana, ha revelado que solo el 50,58 % de los migrantes que aseguraron ser menores de edad durante el último año y se sometieron a pruebas médicas resultaron serlo realmente. Es decir, 2.457 personas fueron finalmente identificadas como adultas. A esto se suman otros 1.280 expedientes que quedaron inconclusos porque los interesados abandonaron el procedimiento o los centros de acogida antes de completarlo.
En total, durante 2024 se realizaron 7.562 diligencias preprocesales de determinación de edad, 140 más que en el año anterior, lo que refleja no solo un aumento en este tipo de casos, sino también la carga creciente para las autoridades encargadas de gestionar estos procedimientos.
El perfil mayoritario de los migrantes sigue siendo masculino. De los 5.922 menores que llegaron por vía marítima, 5.291 eran varones, aunque también se ha registrado un incremento notable de niñas: de 238 en 2023 se ha pasado a 631 en 2024.
La mayoría de estos menores provienen del Magreb y el África subsahariana, siendo Marruecos el país más representado, seguido por Malí, Argelia y Senegal. A finales del año pasado, el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) contabilizaba 16.041 casos, frente a los 12.878 del año anterior.
Comunidades como Baleares y Canarias están soportando una presión especialmente elevada sobre sus sistemas de acogida. En Baleares, el número de menores tutelados se ha duplicado en un año, pasando de 180 a 368, mientras que en Las Palmas se tramitaron 790 expedientes, con 152 casos de adultos que inicialmente se declararon menores. En Tenerife, de los 1.420 expedientes, 504 resultaron ser mayores de edad.
El coste económico de la tutela de estos menores también se ha situado en el centro del debate. Se estima que cada menor tutelado cuesta alrededor de 4.400 euros mensuales, lo que representa un gasto total superior a 847 millones de euros anuales. En comunidades como Madrid y Andalucía, los costes por plaza pueden superar incluso los 5.700 y 9.800 euros, respectivamente.
Más allá de las cifras, la Fiscalía subraya los riesgos de una identificación incorrecta: la presencia de adultos en centros de menores representa un peligro tanto para los jóvenes realmente menores como para los profesionales que los atienden. Al mismo tiempo, también se han documentado casos en los que menores reales han sido clasificados erróneamente como adultos, quedando desprotegidos.
La Operación Feriante arranca así en un contexto de creciente preocupación por la eficacia de los sistemas de identificación y la sostenibilidad de los recursos destinados a la tutela de menores migrantes.
