-
El ex director provincial del SEPE afirma que no era factible la existencia de una trama sin la implicación de la Administración central
-
Apunta que el organismo que dirigía preseleccionaba a candidatos para los puestos
En la sesión de ayer terminaron de declarar los acusados del caso ‘Voto por correo’. El que fuera director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el año 2008, Joaquín Arana, negó haber participado en el presunto entramado orientado a la captación ilícita del voto. Según sostuvo, tampoco manipuló las listas de los planes de empleo con el fin de compensar a quienes votaron por correo a la coalición CpM-PSOE. Arana defendió que era “materialmente imposible” modificar estas listas, así como alterar los códigos ocupacionales de las políticas activas de empleo.
Arana explicó que orgánicamente dependía de los Servicios Centrales, que era el órgano del que recibía las órdenes, y no de la Delegación del Gobierno. Según explicó, su cargo era de libre designación y fue nombrado en 2005 por la Administración central, aunque le propuso para el puesto el ex delegado del Gobierno socialista José Fernández Chacón.
El ex director provincial del SEPE aseguró que, aunque era militante de base del PSOE, no solía pasar por la sede del partido ni tampoco la de Juventudes Socialistas (JSME). La fiscal le explicó que él era considerado el “punto de enlace” entre los entonces secretarios generales de PSOE y CpM y el organismo que gestionaba los planes de empleo. A este respecto, Arana afirmó que no mantuvo encuentros ni con Dionisio Muñoz ni con Mustafa Aberchán, aunque reconoció que sí habló con ellos en alguna ocasión por teléfono, pero no para cambiar las listas de destinatarios de los empleos públicos.
El acusado también aseguró que él no realizó ninguna petición para que aumentase la cuota de destinatarios que podían ser designados nominalmente en el plan extraordinario de empleo de 2008. “Es la Delegación del Gobierno la que tiene competencia para hacer estas solicitudes, pero no el SEPE, y es la Dirección General la que decide si se aprueban o no”, remarcó. Al respecto, expuso que el número de personas que conformaban cada grupo de exclusión social ya estaba delimitado antes de que la convocatoria fuese aprobada.
Las contrataciones
Arana explicó que es la Delegación del Gobierno la que lleva a cabo la elaboración y las contrataciones de los planes de empleo. En este sentido, el encausado aclaró que el SEPE sólo hace labores de intermediación laboral, preseleccionando a los candidatos que optan a las políticas activas de empleo.
Según apuntó el ex director provincial, no era posible la existencia de una trama orgánica a nivel de Melilla sin que estuviera implicada también la Dirección General del SEPE debido al control jerárquico que ejercía Madrid sobre las políticas activas de empleo.
El encausado, además, señaló que, en cuanto tuvo conocimiento de las cartas falsas que supuestamente fueron enviadas desde la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD), informó sobre ellas a la Delegación del Gobierno. “Yo pedí que se nos remitieran los escritos para iniciar una investigación”, sostuvo Arana. Asimismo, puso de manifiesto que las personas que denunciaron estas misivas no estaban inscritas en la base de datos del SEPE, por lo que no podían haber obtenido los datos de estas personas a través de este organismo.
Por otro lado, Arana manifestó que el incremento de los votos por correo no fue un fenómeno exclusivo de las elecciones generales de 2008. “En 2011 no hubo ninguna supuesta trama y se mantuvo la misma cifra”, apuntó.
La fiscal acusa a Joaquín Arana en su escrito de ser el autor de un delito de prevaricación, por el que le pide una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. También se le imputa un delito de asociación ilícita por el que se enfrenta a una posible condena de tres años de cárcel, así como a una multa de 14.400 euros.
