CpM cuestiona las cifras del encargo a Tragsa para gestionar La Purísima

La formación política Coalición por Melilla (CpM) considera que las cifras contempladas en el encargo a Tragsatec no se corresponden con la ocupación actual del centro de menores La Purísima.

El pleno de la Asamblea aprobó el pasado viernes encargar a la empresa pública ¡, durante un periodo de dos años y por un importe de 18,4 millones de euros, la gestión de dicho centro.

CpM se abstuvo en la votación y justificó su decisión por la necesidad de garantizar tanto la atención a los menores tutelados como el mantenimiento de los puestos de trabajo, aunque expresó sus discrepancias con las previsiones económicas y de personal recogidas en el expediente.

Según expuso CpM, el presupuesto de Tragsatec prevé 36.500 manutenciones al año, equivalentes a una media de cien menores diarios y 74 auxiliares educativos. Sin embargo, el informe de la Dirección General del Menor incluido en el expediente recoge que La Purísima acoge a 286 menores, pese a contar con una capacidad de 120 plazas.

A esta diferencia se suma, según el diputado del partido en la Asamblea, Emilio Guerra, la situación de la plantilla.

"El pliego establece la subrogación de 172 trabajadores, 108 de ellos cuidadores, mientras que el presupuesto contempla 139 puestos".

CpM advirtió de que esta discrepancia podría traducirse en problemas para garantizar la atención o en la necesidad de ampliar posteriormente el importe del encargo.

La formación recordó que la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, había asegurado que no faltará financiación y que se mantendrán todos los puestos de trabajo. Por ello, anunció que realizará un seguimiento mensual para comprobar el cumplimiento de estos compromisos y reclamó que cualquier modificación que implique un incremento económico vuelva a someterse a la aprobación del pleno.

El coste de la estructura de Tragsatec

Otro de los aspectos cuestionados por CpM es el coste de la estructura de la empresa pública. Según los cálculos de la formación, el encargo contempla cerca de un millón de euros anuales en concepto de estructura propia, costes indirectos y gastos generales, lo que supone un recargo próximo al 8 %.

El partido señaló que estos gastos también repercuten en partidas como la alimentación y la vestimenta de los menores, que soportarían unos 170.000 euros anuales de "sobrecoste". Frente a este modelo, CpM sostiene que entre 550.000 y 700.000 euros al año podrían destinarse a la atención directa si la gestión se realizara mediante un organismo público local, sin recurrir a intermediarios.

La formación también cuestionó la justificación del recurso a Tragsatec como medio propio. En este sentido, hizo referencia a la Ley 40/2015, que regula los encargos a medios propios, y aseguró que el expediente no incorpora una comparación económica que permita acreditar que esta fórmula resulta más eficiente que otras alternativas. Asimismo, criticó que la tramitación se haya llevado al pleno a solo tres semanas del vencimiento del encargo anterior.

La propuesta de crear un organismo público local

Durante su valoración del acuerdo, CpM volvió a defender la creación de un ente público local que gestione La Purísima junto al Centro Asistencial, con una plantilla estable y bajo el control de la Asamblea. Según recordó, la formación ha planteado esta alternativa en varias ocasiones durante la legislatura, aunque lamentó que el Gobierno local no la haya aceptado.

El partido considera necesario establecer un modelo público y estable para la protección de los menores tutelados, en lugar de recurrir a sucesivos contratos de emergencia. En este contexto, señaló que Melilla tiene asignadas 30 plazas en virtud del Real Decreto 556/2026, mientras que actualmente atiende a 286 menores.

Por último, CpM solicitó que quedaran recogidas expresamente en el acta de la sesión varias cuestiones relacionadas con el encargo. Entre ellas, que cualquier ampliación del número de plazas o del importe económico tenga que regresar al pleno con un informe de Intervención; que el acuerdo especifique la franja de edad de los menores atendidos, de 12 a 18 años, así como las anualidades del gasto; y que la comisión correspondiente reciba información trimestral sobre la ocupación del centro, el coste real del servicio, la plantilla y las subcontrataciones.