Amin Soussi, del área de Solidaridad Internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, asegura que la situación en la que están los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla hace que muchos de ellos se planteen ponerse en manos de las mafias que trafican con inmigrantes para llegar a la península y buscarse ahí la vida.
Em unas declaraciones a El Faro, Soussi afirma que los requisitos y condiciones que se están exigiendo a estos trabajadores "es una tremenda crueldad", recalcando que muchos no van a poder volver a sus puestos de trabajo, o bien porque sus empleadores ya no existen o porque sus contratos llegaron a su fin. "Son necesarios y necesarias para realizar determinados puestos de trabajo tanto en Ceuta como en Melilla, pero al mismo tiempo molestan", apunta Soussi.
Cree que la Administración debería dotar a este colectivo un permiso de trabajo y de residencia para que puedan realizar sus ocupaciones legalmente como cualquier trabajador o trabajadora del resto de la península. "Estos trabajadores cotizan más que nadie, aportan a Hacienda más que nadie, pero no disfrutan de ningún tipo de prestación o de ayuda, por lo tanto, esto es una discriminación y me atrevo a decir que las autoridades están incluso clasista y racista".
Insiste en que le parecen "indignantes" las medidas que se están tomando contra este colectivo. Señala que estos trabajadores y trabajadoras son las que "nos cuidan a nosotros, de nuestros abuelos, madres, padres, hijos, pero que, sin embargo, no le queremos dar el más mínimo de los derechos".
Soussi asevera que la ciudadanía ve como España y Marruecos llegan a acuerdos sobre el control de los flujos migratorios, pero no ocurre lo mismo a la ahora de solucionar el atasco administrativo en el que se encuentran los trabajadores transfronterizos. Es por ello que piensa que existe una falta "tremenda" por parte de ambos países y recalca que en España, considerándose un país democrático y que respeta los derechos humanos, se observa que los empleados marroquíes no disfrutan de los mismos derechos que pueden llegar a disfrutar el resto de ciudadanos en el país. "Se les despoja de sus derechos", reitera.
La frontera reabrió el día 31 de mayo para los trabajadores transfronterizos, pero en los más de dos años que los pasos han estado cerrados, las empresas melillenses y ceutíes han contratado a empleados locales y que ahora no pueden ser despedidos porque la legislación ni lo permite y les da preferencia.
Además, si una empresa quiere contratar a un empleado transfronterizo, debe justificar que en el SEPE no hay ningún ciudadano nacional que esté buscando ese mismo trabajo.
Soussi recalca que los trabajadores transfronterizos están viviendo un momento "dramático", haciendo hincapié en que son personas que en muchos casos llevan 20 e incluso 30 años cotizando al Estado español, tal y como han visto en la asociación en los informes de vida laboral que les han facilitado.
En añadido, Soussi remarca que, aunque la frontera esté abierta, "nadie les garantiza" que puedan ir y volver si, por ejemplo, quieren visitar a sus familiares. "Las fronteras están abiertas para unos, pero no para este tipo de trabajadores". Y es que hay muchos de los que están en alguna de las dos ciudades españolas, dice, que les preocupa no poder volver si salen a Marruecos, perdiendo así su empleo y por ende, el sustento de su familia.
Hay quienes tenían la esperanza de que les ofrecieran la residencia por arraigo laboral después de dos años atrapados y trabajando en Melilla o Ceuta. Sin embargo, esto no ha sido así y Soussi critica la posición de partidos sobre este asunto que afirman ser "progresistas" al negar los derechos a este colectivo. Subraya además que desde la asociación echan en falta "muchas instituciones" y a los sindicatos españoles, sobre los que ha dicho que "brillan por su ausencia".
Insiste en que hay muchos partidos políticos a los que se les "llena la boca" hablando de los derechos humanos, sin ver que estos "no se pregonan, sino que se aplican".
