El sindicato afirma que esta situación ha obligado a la judicialización de la OPE.
Según denunció Anpe ayer a través de un comunicado, los recursos presentados por la abogacía del Estado contra las comunidades autónomas que han sobrepasado el porcentaje señalado para la tasa de reposición de efectivos constituyen un paso más en la serie de actuaciones que han convertido la oferta de empleo público docente del año 2011 en un despropósito para el sistema educativo y un fraude para decenas de miles de opositores.
“Ahora vemos cómo el caos organizativo y de coordinación culmina con la judicialización de las convocatorias”. Sin embargo, en opinión de ANPE, “es precisamente la no convocatoria de oposiciones en algunas comunidades el hecho más grave de todo el proceso. Tanto es así que esperamos también de la abogacía del Estado los recursos pertinentes contra esta otra modalidad de incumplimiento de la legislación”.
La situación actual, con una amenaza de restricción de la oferta cuando los aspirantes han pagado ya sus tasas, está propiciada por la descoordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Para ANPE esta indefinición de la oferta, que perjudica gravemente a decenas de miles de opositores y a la planificación de los centros educativos, comienza a resultar intolerable.
ANPE se sumará a todas las acciones que sirvan para obligar al Ministerio y a las Autonomías a reconducir esta situación en aras de la cohesión y vertebración del Estado, para evitar los graves desequilibrios entre comunidades y para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes a la docencia.
