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La entidad critica que se investigue a guardias civiles por “usar la fuerza” contra estas personas
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) muestra su total desacuerdo con el procesamiento judicial de al menos seis agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Benemérita que, según reveló esta entidad a El Faro, están acusados de “usar la fuerza de un modo desproporcional y con abuso de poder” contra los porteadores en los alrededores del puesto fronterizo de Barrio Chino. La entidad de agentes del Instituto Armado asegura que estos efectivos ejercen “funciones de orden público”. “Si no existiera la presencia policial, imperaría la ley de la selva”, argumenta.
En este sentido, la AEGC asegura que estos procesos “se hubieran archivados, al no apreciar el Ministerio Fiscal ninguna acción reprochables a los miembros del Instituto Armado”. Sin embargo, se queja de que los abogados de la defensa siguen adelante, haciendo que los integrantes del GRS sigan estando investigados.
Presiones comerciales
Ante este caso, la Asociación Española se pregunta si “todas las denuncias son puras y limpias” y buscan que se haga justicia o si, por el contrario, “algunas de esconden un trasfondo en su interior, como unas supuestas presiones de sectores comerciales”. Según la organización, pretenden la Guardia Civil deje que en dichos lugares impere la ley del más fuerte”.
La entidad de agentes de la Benemérita asegura que, de no haber un interés detrás de que estas denuncian sigan adelante, “es difícil de entender” que personas “sin ingresos” hayan podido contratar a “despachos de abogados” con amplia experiencia “en el campo de la defensa del Código Penal en delitos tan importantes como el de Salud pública, entre otros”.
También apunta que, sin querer generalizar, algunos denunciantes son “personas con antecedentes de conflictividad policial”. “Detrás de sus clientes hay alguien o algún interés en presionar a la Guardia Civil con el objeto de amedrantar a este Cuerpo”, critica la asociación, que añade que “jamás nadie” ha logrado “amedrentar o intimidar” a la Benemérita.
“¿Por qué ninguna asociación reclama y pide que se acabe de una vez por todas con el comercio atípico de la forma que se hace en Barrio Chino o en cualquiera de los puntos fronterizos de nuestra ciudad?”, se pregunta, en este punto, la AEGC, que asegura que se está manteniendo una actividad “alegal” con el “eufemismo” de llamarlo ‘atípico’.
“Se institucionalizó como si esta actividad fuera una situación que comprendiera un ejercicio legal y respetuoso con las formas de trabajar en Europa y con los derechos de la dignidad de las personas”, lamenta la organización de guardias civiles, que critica el panorama que puede verse en puestos como el de Barrio Chino: “Mujeres y hombres cargando bultos a las espaladas, camiones cargados hasta el pie de la frontera y marabuntas de personas agolpándose para intentar pasar cuanto antes la frontera con la sola intención de hacer más portes”.
La AEGC acudiría a los tribunales si condenan a los GRS
Sobre el procesamiento judicial de al menos seis agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil por presunto uso desproporcionado de la fuerza contra porteadores, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) asegura que denunciará ante los tribunales “a los responsables que, en la actualidad, promueven por acción u omisión esta modalidad de comercio atípico, que no es más que un eufemismo de contrabando, supervisado por imperativo legal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
En este sentido, desde la organización aclaran que, dejando de lado el fondo de los asuntos judicializados, lo que pretende es que no haya más agentes del Instituto Armado o de la Policía Nacional “procesados por cumplir unas ordenes”.
Por último, sobre el comercio atípico, la entidad dice entender que las autoridades permitan esta actividad “para que haya gente que tenga un sustento”, pero añade que no se pueden poner en juego los puestos de trabajo de guardias civiles y policías.
Todo mi apoyo a la GC. y Policía.
De ese contrabando se lucran muchos y se compran votos y voluntades, se blanquea, se atenta contra los derechos humanos, se financian grupos no deseables y todo esto, con la complicidad, por acción u omisión de agencia tributaria, delegado del gobierno, presidente de la ciudad autónoma, delegado de trabajo etc (todos en minúscula). Ellos prefieren este "comercio" a otro que podría haber prosperado...no os preocupéis, la denuncia la pondré yo, contra todos y cada uno de los responsables.