La ONG andaluza APDHA incluye a la ciudad en su informe anual sobre Derechos Humanos.
La ONG Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó ayer su informe anual, en el que denuncia la “impunidad” que protege a los “responsables” de las ‘devoluciones en caliente’ llevadas a cabo en la valla fronteriza de Melilla.
La asociación, que efectúa el mismo tipo de acusación para hechos ocurridos en la frontera de Ceuta, califica esos actos como “ilegales”.
APDHA cita como ejemplos de conductas que han quedado sin castigo el “archivo de los procedimientos judiciales por los malos tratos y devoluciones ilegales en la valla fronteriza de Melilla” y el de “las muertes acaecidas en El Tarajal (Ceuta) a principios del año 2014”.
Política sobre fronteras
La organización en defensa de los Derechos Humanos propone aplicar “un cambio profundo y radical en las políticas españolas y europeas de control de fronteras y de gestión de los flujos migratorios”. Así lo recoge el informe anual ‘Vulneraciones de Derechos Humanos en Andalucía 2015’ presentado ayer.
Los planteamientos de APDHA demandan a los gobiernos que garanticen el “estricto respeto” a los Derechos Humanos “en nuestras zonas fronterizas”.
Para alcanzar esta meta, abogan por la derogación de la reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (LOEX).
Asimismo, APDHA exige la “supresión de los elementos lesivos existentes en las vallas fronterizas” y el “acceso adecuado al derecho de asilo”. Aparte, sugiere que los gobiernos establezcan vías de acceso “seguras y ordenadas” para “personas migrantes y refugiadas legales”.
Centros de internamiento
APDHA también hace un repaso a la situación del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras-Tarifa, destacando que las instalaciones de Algeciras se encuentran en condiciones “muy lamentables”.
La ONG afirma que los CIEs de la península son espacios “extremadamente opacos en materia de Derechos Humanos”.
También que el propio Ministerio del Interior reconoció que en esos centros se da un “incumplimiento generalizado” de las normas estipuladas en el Real Decreto 162/2014, que establece las disposiciones a aplicar en esos centros.
