La organización humanitaria asegura que se puso en contacto con el Gobierno para comunicar que los subsaharianos de Chafarinas iban a pedir asilo y que el Ejecutivo se comprometió a dejar que lo solicitaran
La Delegación en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señaló en la jornada de ayer, mediante un comunicado de prensa, que la expulsión a Marruecos de los siete inmigrantes subsaharianos que en la madrugada del lunes al martes llegaron al archipiélago de las Chafarinas en patera es contraria tanto a la legislación española como a los compromisos internacionales. Así se lo advirtieron en la jornada de ayer desde esta organización humanitaria al Gobierno español. Asimismo, se mostraron “preocupados” por la situación de los inmigrantes tras su traslado al país vecino.
Acnur aseguró que, según la información a la que han podido acceder sus dirigentes hasta el momento, los subsaharianos de Chafarinas habían informado a las autoridades de su intención de solicitar asilo en España. Así lo afirmaron también las ONGs Caminando Fronteras y Prodein el martes, pocas horas después de que los inmigrantes llegaran al archipiélago y un día antes de que se llevara a cabo su devolución al país vecino.
Desde Acnur detallaron que se pusieron en contacto con Ministerio del Interior del Ejecutivo español para hacerle saber la intención de los inmigrantes y pedir al Gobierno que les dejara presentar su solicitud.
“En caso de que se confirmara la información recibida, estos hechos supondrían una denegación del acceso al procedimiento de asilo en España, lo que contravendría la legislación vigente y los compromisos internacionales adquiridos por este país”, señaló la institución dependiente de la ONU.
Promesa incumplida
Por otro lado, la portavoz de Acnur en España, Rosa Otero, señaló, en declaraciones a la SER que tras informar al Ministerio de la intención de los subsaharianos de pedir asilo, “el Gobierno confirmó que haría todo lo posible para poder seguir lo dispuesto en la ley y que se les permitiría solicitar protección internacional de manera oficial”.
Hay que recordar que no atender una petición de estas características incumple tratados internacionales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra, suscrito por nuestro país.
Críticas de Amnistía Internacional
Acnur no fue la única organización humanitaria que mostró su descontento por la expulsión de los siete inmigrantes a Marruecos. La ONG Amnistía Internacional fue muy crítica con la decisión del Gobierno central a través de las redes sociales. La organización preguntó al Ejecutivo, vía Twitter, si los subsaharianos habían tenido acceso a un abogado o a un intérprete antes de ser trasladados al país vecino por las autoridades españolas. “¿Se han examinado sus peticiones de asilo?”, inquirió la ONG en la red social, todo ello bajo el ‘trending topic’ #stopdevolucionesilegales.
Ante las numerosas críticas recibidas, el Ejecutivo central defendió ayer que su actuación se ajustó a la legalidad vigente. De hecho, la Delegación del Gobierno en Melilla aseguró el miércoles, cuando se llevó a cabo la expulsión, que se había respetado la normativa vigente “escrupulosamente”.
Hay que recordar que el miércoles, fuentes policiales señalaron que no se podía hablar de ‘devolución en caliente’, pues aseguraron que se siguió la normativa vigente, pues varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, acompañados de un abogado, un intérprete y de la secretaria general de la Delegación del Gobierno se trasladaron a Chafarinas para garantizar la legalidad del procedimiento.
