El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado un incremento del 8% en las retribuciones de los abogados y procuradores del turno de oficio. La medida, firmada este viernes por el titular del departamento, Félix Bolaños, mediante una orden ministerial, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y beneficiará a los profesionales que prestan este servicio en los territorios donde el Ministerio conserva competencias: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla.
Este aumento supone una mejora en los baremos que se utilizan para calcular la compensación económica que perciben estos profesionales por su labor en defensa de quienes no pueden costearse un abogado o procurador. El acto de firma contó con la participación del presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, que valoró positivamente el paso dado por el Ministerio tras años de estancamiento.
Según ha explicado el Ministerio, la medida se enmarca en el compromiso del Gobierno de “mejorar la prestación del servicio público de justicia gratuita” y responde a la necesidad de actualizar una retribución que llevaba años sin ser revisada, pese al incremento del volumen de trabajo y las complejidades crecientes de los casos que atienden los letrados del turno de oficio.
Desde el Consejo General de la Abogacía Española se ha señalado que este incremento constituye un “primer paso en la actualización de los baremos” y supone el “desbloqueo de una negociación que llevaba seis años atascada”. La institución confía en que esta mejora sea el comienzo de una senda de aumentos progresivos que reconozcan adecuadamente el papel de estos profesionales en la administración de justicia.
Salvador González subrayó que la implicación directa del Ministerio en este proceso es una señal positiva: “Es muy relevante que el departamento que dirige Félix Bolaños tenga como interlocutor de referencia a la abogacía en los trabajos de redacción de la nueva ley de asistencia jurídica gratuita”. En su opinión, la visión de la profesión es “indispensable para renovar un modelo de justicia gratuita que debe estar a la altura de los retos del presente y del futuro”.
El anuncio del Ministerio llega en un contexto en el que los propios profesionales han denunciado reiteradamente la falta de reconocimiento y de compensación adecuada. En un reportaje publicado por El Faro de Melilla, abogados locales describieron el turno de oficio como un servicio “imprescindible” pero “no mínimamente compensado”, aludiendo a la desproporción entre la carga de trabajo que asumen y los ingresos que perciben.
En el caso concreto de Melilla, donde el turno de oficio tiene un papel esencial dada la complejidad social y jurídica del territorio, este incremento podría aliviar parcialmente una situación que lleva años generando quejas entre los profesionales. Además, el hecho de que la medida tenga carácter retroactivo refuerza el compromiso del Ministerio con la mejora real de las condiciones del colectivo.
En paralelo a este aumento, el Ministerio continúa con la tramitación de la nueva ley que regulará la asistencia jurídica gratuita. La norma, que ya superó el periodo de consulta pública en julio de 2024, incorporará cambios sustanciales. Entre ellos, se destaca la actualización de los criterios de “insuficiencia de recursos” para acceder a este derecho, el reconocimiento automático del derecho a justicia gratuita para víctimas de violencia de género y violencia sexual, sin tener en cuenta su situación económica, y la posibilidad de que personas jurídicas accedan a este servicio bajo ciertos requisitos.
El Gobierno enmarca esta iniciativa en el proceso de transformación de la justicia que está impulsando durante la legislatura. Entre sus principales líneas de actuación se encuentran la digitalización del sistema, la modernización de infraestructuras, el aumento de plazas para jueces y fiscales, y el blindaje de becas para el acceso a los principales cuerpos judiciales.
Además, desde diciembre de 2024 está en vigor la ley orgánica del derecho de defensa, que introduce un procedimiento de amparo colegial para ofrecer mayor protección a los abogados en el ejercicio de su labor, así como criterios orientativos para la tasación de costas, algo especialmente relevante para los casos de justicia gratuita.
De cara a este 2025, también está prevista la implementación de la ley de eficiencia organizativa, que plantea la creación de los tribunales de instancia como eje de una reorganización judicial más ágil y moderna. Según González, “una mejor justicia es más y mejor democracia para todos”, y por ello la abogacía está decidida a “hacer todo lo que esté en su mano para que esta vez la transformación sea un éxito”.
El aumento del 8 % en las retribuciones del turno de oficio puede no ser aún suficiente para resolver todos los problemas que aquejan al sistema, pero representa, según el Consejo de la Abogacía, un avance concreto tras años de inmovilismo. Para muchos profesionales, este paso da cierto respiro y abre una puerta al diálogo que se había mantenido cerrada durante demasiado tiempo.
