La Policía Nacional ha incoado 514 expedientes sancionadores a ciudadanos extranjeros por irregularidades detectadas en su empadronamiento en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, se trata de solicitantes de asilo que, tras haber abandonado la ciudad, continuaban inscritos en el padrón municipal, una situación que se considera un fraude documental vinculado a la obtención de beneficios públicos.
Los afectados habrían mantenido su empadronamiento en el CETI con el objetivo de seguir accediendo a bonificaciones en el transporte, a pesar de residir ya fuera de Melilla. Las investigaciones han sido desarrolladas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, especializada en la detección de delitos vinculados a la inmigración irregular y el uso de documentación falsa.
La investigación arrancó a raíz del notable aumento de solicitantes de asilo que llegaron a Melilla desde octubre de 2023. Muchos de estos ciudadanos extranjeros, que residían en otras partes del país, decidieron desplazarse a la ciudad autónoma para tramitar su solicitud de protección internacional debido a los plazos más reducidos que ofrecía Melilla en comparación con otras oficinas de asilo del territorio nacional.
Una vez registrada la solicitud, la legislación vigente establece que los solicitantes deben permanecer en Melilla al menos 30 días tras la entrevista de asilo, durante los cuales suelen ser acogidos en el CETI. Sin embargo, en muchos casos, las personas investigadas permanecieron en el centro más tiempo del permitido o, tras regresar a la península, no comunicaron su cambio de domicilio, conservando el empadronamiento en la ciudad de forma indebida.
Este hecho constituye una infracción a la normativa de extranjería, ya que implica ocultación dolosa o falsedad grave en la comunicación de cambios personales a las autoridades, algo que puede ser sancionado con multas que oscilan entre los 500 y los 10.000 euros, en función de la gravedad de cada caso.
Además de los procedimientos sancionadores abiertos, la Policía Nacional ha solicitado a la Dirección General de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma de Melilla la baja en el padrón municipal de todas las personas implicadas, con el objetivo de corregir la situación y evitar que se sigan produciendo irregularidades de este tipo.
Desde la Policía se recuerda que el empadronamiento es un trámite administrativo obligatorio, pero también un instrumento que da acceso a servicios públicos y beneficios sociales. Por ello, debe reflejar fielmente la residencia habitual de cada ciudadano, ya que falsear este dato puede constituir una infracción administrativa o incluso un delito.
La UCRIF, encargada de esta operación, desarrolla labores de investigación, recopilación de información y coordinación de operativos contra redes delictivas. Su actuación ha sido clave para detectar este tipo de prácticas, que, aunque individuales, muestran un patrón común de fraude documentado. La unidad colabora además con organismos nacionales e internacionales en la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos.
Este caso no es un hecho aislado. En octubre pasado, El Faro de Melilla informó sobre la desarticulación de una red organizada dedicada a empadronar de forma fraudulenta a personas que no residían realmente en la ciudad, con el objetivo de facilitarles el acceso a ayudas sociales, plazas escolares o regularización de su situación administrativa. Aquella operación culminó con una treintena de personas investigadas y dejó en evidencia la necesidad de reforzar los controles en el padrón municipal.
Con el nuevo operativo, las autoridades buscan prevenir nuevos fraudes y garantizar que el registro de habitantes se utilice de forma legítima. Asimismo, la Jefatura Superior de Policía subraya la importancia de que los ciudadanos extranjeros cumplan con la normativa vigente y mantengan actualizados sus datos personales, especialmente en contextos vinculados a procedimientos de asilo o extranjería.
Si alguien revisara los residentes en Melilla que no residen, todos nos ahorraríamos muchísimo dinero