EL problema de la inmigración en Melilla no ha dejado de crecer desde hace unos años y especialmente en los últimos meses. En este tiempo, la ampliación de la capacidad del CETI parecía un asunto tabú. Venía a ser como el reconocimiento de la incapacidad para poner freno a la creciente y descontrolada llegada ilegal de extranjeros a Melilla. Sin embargo, la lógica de los números ha acabado por imponerse. Ayer el presidente Imbroda señalaba en Televisión Española que la situación hace imprescindible plantearse la conveniencia de ampliar estas instalaciones. Los 1.300 inmigrantes que residen actualmente en el CETI no permiten seguir eludiendo que la saturación del centro no sólo es crónica, sino que puede aumentar aún más y alcanzar unos niveles totalmente insoportables si, como es previsible, el número de entradas se incrementa todavía más con la llegada del buen tiempo.
Si el vallado fronterizo no puede garantizar que no habrá nuevas entradas masivas (al menos, hasta que finalice la instalación de la malla antitrepa), si los trámites burocráticos no permiten una rápida repatriación de los inmigrantes, si las autoridades los países de origen no muestran ningún interés por hacerse cargo de sus nacionales y si la devolución a Marruecos en aplicación del tratado de 1992 es motivo de debate en los juzgados, lo lógico es dotar al CETI de los medios necesarios e incrementar su capacidad. Al menos, teniendo en cuenta los niveles de ocupación de los últimos meses, se debería doblar su número máximo de plazas hasta acercarse al millar. De otra manera, existe el riesgo de que la situación acabe por sobrepasar las posibilidades del centro y de los trabajadores que atienden a los inmigrantes.
La impermeabilización efectiva de la valla y, sobre todo, el aumento en la celeridad de las repatriaciones o devoluciones requieren de una labor que difícilmente va a alcanzar el éxito a corto plazo. A ello hay que sumar que no hay ninguna circunstancia que permita augurar una disminución en la presión migratoria. En consecuencia, la ampliación de la capacidad del CETI es imprescindible, en especial, si no hay manera de agilizar los traslados a la península haciéndolos más frecuentes y numerosos.
Por otra parte, no hay que olvidar que en el CETI residen seres humanos, personas con derechos aunque hayan entrado de manera ilegal en Melilla y de cuya seguridad son responsables las autoridades de nuestro país. Por ello, existe la obligación de dar a los inmigrantes un lugar de acogida con unas mínimas condiciones de habitabilidad, lo que difícilmente pueden cumplir unas instalaciones que desde hace meses están saturadas y que acogen actualmente a 1.300 personas pese a que su número máximo de plazas sea de sólo 480.
